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La transición fallida de 1931

14 sábado Abr 2012

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Hoy me voy a meter en camisa de once varas, me temo. Porque no falla: llega el 14 de abril y surge una oleada de fervientes republicanos desplegando una retahíla de tópicos. Y sin embargo si la II República fue un experimento fallido fue en buena medida porque aquéllos que supuestamente eran republicanos, y a los que hoy se mitifica, en realidad no aceptaban el concepto de República como un régimen plenamente democrático en el que los ciudadanos tuvieran la última palabra. Es un tema muy complejo y no será fácil resumirlo, pero vamos allá.

En primer lugar no hay que olvidar que la República llegó en el peor momento posible. En 1931 la idea de democracia no era tan comúnmente aceptada como hoy. Estaban en boga ideologías que la consideraban como un sistema decadente y si por un extremo nazis y fascistas (palabras que entonces eran descriptivas y no peyorativas) consideraban que los ciudadanos debían someterse a la voluntad de un líder preclaro, por el otro socialistas y comunistas consideraban que la democracia burguesa era como mucho un estado transitorio previo a la cercana llegada de la dictadura del proletariado. No era el mejor ambiente para el consenso, como se ve.

Sin embargo la situación, paradójicamente, llevó al entendimiento. Primo de Rivera había puesto fin, como ya vimos en el artículo La transición fallida de 1875, a un régimen anquilosado hasta la parálisis, pero aunque sus acciones de gobierno parecen bientencionadas, no pasó, en el mejor de los casos, de instaurar un régimen paternalista muy alejado de las aspiraciones de buena parte del país. Dimitió a principios de 1930, pero para entonces ya estaba cuajando la idea de que las reformas necesarias requerían un cambio estructural que pasaba por eliminar la monarquía. Varios grupos políticos suscribieron el llamado Pacto de San Sebastián, a favor de una república, e incluso dirigentes conservadores como Alcalá Zamora y Miguel Maura se integraban junto a republicanos como Azaña o socialistas como Largo Caballero en el Gobierno Provisional de una República que aún no se había proclamado. Los aires revolucionarios llegaban hasta el Ejército con una insurrección en la que participaron personajes como Queipo de Llano, que intentaba en 1930 colaborar en la instauración de una república que, paradójicamente, él mismo ayudaría muy activamente a destruir en 1936.

Alfonso XIII intentó tantear el terreno con la convocatoria de elecciones municipales, a celebrar el 12 de abril de 1931. Los primeros resultados dieron por vencedores a candidatos republicanos, pero aquí empiezan las anomalías porque el recuento jamás se terminó. La exaltación republicana creció y el 14 de abril por la mañana el rey ofrecía la posibilidad de convocar Cortes Constituyentes, pero para entonces era evidente que la monarquía no contaba con apoyos. Aquella misma noche Alfonso XIII partió hacia el exilio.

El Gobierno Provisional abordó de inmediato algunas cuestiones de urgencia, como la reforma militar, emprendida por Azaña como ministro de la Guerra, o la situación de los jornaleros agrícolas, de la que se ocupó Largo Caballero como ministro de Trabajo. Pero la transición no iba a ser tan pacífica como se esperaba y no había transcurrido ni siquiera un mes desde la proclamación de la República cuando en Madrid se produjo un asalto al periódico ABC con violenta respuesta de la Guardia Civil y finalmente una asonada en la que algunos anticlericales se lanzaron a quemar conventos. El gobierno necesitó proclamar el estado de guerra para poner fin a las algaradas. Mal presagio para un régimen que ni siquiera contaba aún con una Constitución.

Las elecciones a Cortes Constituyentes tuvieron lugar el 28 de junio y el resultado fue muy complejo, como era de esperar en un régimen aún en construcción. Aunque se consolidó la amplia coalición gubernamental no hubo un ganador claro por lo que finalmente se alcanzó la solución de compromiso de continuar con el gobierno existente. Como curiosidad hay que decir que el Partido Comunista, opuesto a la «república burguesa», no consiguió ningún escaño, lo que es llamativo conociendo el auge que conseguiría tras comenzar la Guerra Civil 5 años después.

Fueron las Cortes Constituyentes las que demostraron que el consenso conseguido un año antes se evaporaba, puesto que se produjo una polarización que destacó las discrepancias por encima de los acuerdos. Puede que el ejemplo más emblemático sea el de la siempre candente cuestión religiosa, en el que los debates fueron enconados y se defendían posturas difícilmente admisibles en una democracia liberal como la disolución de todas las órdenes religiosas (al final sólo se decidió la de los jesuitas, cuyas disoluciones y expulsiones a lo largo de la Historia merecen un artículo para ellos solos). El claro vencedor de estos debates fue Azaña, que aunque logró moderar algunas posturas muy radicales, paradójicamente quedó encasillado como representante del anticlericalismo.

La cuestión religiosa llevó a la dimisión de los conservadores Alcalá Zamora y Maura y aquí surge una reflexión: el apoyo de estos líderes a la República debió de servir para que muchos conservadores católicos, sector muy numeroso, superaran sus reticencias ante el nuevo régimen, pero con esta dimisión ¿cuántos de ellos recuperarían su desconfianza en la República? Las Cortes habían cometido el error de dirimir en la Constitución cuestiones en los que no había consenso y con ello se daba rango constitucional a asuntos que encajaban con la mayoría parlamentaria del momento, pero que podían ser problemáticos tan pronto como se convocaran nuevas elecciones. Quizás por eso los «padres de la patria» decidieron no someter la Constitución a referéndum ni disolver las Cortes para que hubiera nuevas elecciones y se pudiera determinar con cuánto apoyo popular contaba realmente la nueva Constitución. La Transición de 1931 empezaba a mostrar sus limitaciones.

Al dimitir Alcalá Zamora llegó Azaña a la presidencia de un gobierno decidido a reformar la sociedad. Pero no se pueden acometer reformas sin pisar algunos callos y el nuevo gobierno iba a pisar muchos y todos a la vez. La Constitución prohibía a las órdenes religiosas la actividad educativa, lo que no sólo disgustó a las familias católicas y a los enseñantes religiosos, sino que hacía necesaria una inversión brutal en educación para lograr el objetivo, inalcanzable en la realidad, de que los religiosos cesaran completamente en su actividad educativa el 31 de diciembre de 1933. Para esa fecha ya había otro gobierno, por lo que la Ley de Congregaciones no se aplicó, y en la práctica sólo había conseguido generar un sentimiento antirrepublicano en una parte importante de la sociedad y deteriorar las relaciones entre Iglesia y Estado sin lograr nada a cambio. Las reformas militares eran necesarias para que el Ejército se integrara como parte de la sociedad y no fuera una casta aparte, pero necesitaban tiempo para cuajar y a corto plazo aumentaron la impopularidad del gobierno en los cuarteles. La reforma agraria era fundamental, pero chocaba con intereses poderosos en un momento de crisis ecónomica y a menudo las medidas destinadas a mejorar la situación de los jornaleros no sólo perjudicaban a los latifundistas sino también a labradores propietarios de pequeñas fincas que difícilmente podían sufragar el aumento de los jornales. En conjunto eran demasiadas cuestiones para abordarlas al mismo tiempo y al abrir tantos frentes simultáneamente la República empezaba a grangearse enemigos muy peligrosos.

Mientras tanto la conflictividad social no cedía, alimentada por quienes consideraban que la destrucción del sistema era el paso previo a la construcción de una nueva sociedad, tendencia que se vio abanderada por la CNT, que protagonizó varias insurrecciones que generaron una espiral de violencia que contribuiría a la caída del Gobierno. La consecuencia fue la convocatoria de nuevas elecciones en 1933, en las que se produjeron dos hechos fundamentales: por un lado el éxito de fuerzas no comprometidas con la República y por otro la negativa de la izquierda a acatar plenamente los resultados electorales.

En apenas dos años de régimen republicano las posturas se habían radicalizado hasta el extremo de que el propio ministro de Trabajo, Largo Caballero, decía que «es imposible realizar una tarea socialista en el seno de una democracia burguesa». Los mismos que habían hecho posible la República empezaban a soñar con su destrucción. El fin no llegaría hasta 1936, pero si a los enemigos externos se une la falta de compromiso de quienes debían apuntalar el sistema podemos llegar a la conclusión de que el fin de la República tiene causas muy profundas que nacen de una transición fallida. Una más.

Inquisición: policía federal.

08 domingo Abr 2012

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Dedicado a @Palomamer, que no ha parado de insistir hasta salirse con la suya. 😉

Hasta los que no son aficionados a la Historia han oído hablar, y mucho, de la Inquisición. Si se atiende a la imagen popular parece como si fuera un invento genuinamente español y en cierto modo, pero sólo en parte, es así porque en España la Inquisición tuvo características propias que la convirtieron en algo más que un tribunal eclesiástico. Era todo un gran instrumento de poder al servicio de… ¿la Iglesia? Pues no, ¡sorpresa! al servicio de la Corona.

La Inquisición original, conocida como Inquisición papal no fue una creación española. Era un tribunal creado por el papado para detectar, juzgar y castigar la herejía y existía desde el siglo XIII, cuando se puso en marcha para reprimir a los cátaros. Funcionó en Francia, norte de Italia, en Alemania, en Flandes y débilmente en Aragón, pero no llegó a penetrar en Castilla. En el siglo XV era una institución obsoleta, aunque reviviría más tarde, en 1542, con motivo de la reforma protestante. ¿Por qué entonces apareció con tanta fuerza la Inquisición española a finales del siglo XV en unos territorios en los que jamás se había establecido o lo había hecho con poca fuerza?

Las razones están en la política unificadora de los Reyes Católicos. Por un lado la lógica de la época apuntaba hacia la necesidad de la unidad religiosa de los territorios gobernados por un mismo príncipe; por otro hay que considerar el antisemitismo social del momento, que fustigaba no sólo a los judíos sino también a los conversos por ser sospechosos de seguir practicando el judaísmo en secreto; por último no hay que desdeñar la oportunidad que se presentaba de mejorar las finanzas de la Corona en un momento de crisis mediante la confiscación de los bienes de los condenados. En este ambiente los monarcas escucharon las denuncias del prior dominico Alonso de Hojeda y lograron establecer la Inquisición, pero no la Inquisición papal, sino que en 1478 consiguieron algo insospechado: nada menos que una bula de Sixto IV autorizándoles a que fueran ellos quienes nombraran inquisidores. ¡La Inquisición bajo control de los reyes y no del Papa! Isabel y Fernando no perdieron la ocasión, aunque pronto sus inquisidores se mostraron tan entusiastas de su labor que el mismo Sixto IV condenó su brutal actuación y quiso que aquel tribunal pasara a dominio de la Iglesia. Demasiado tarde. Los Reyes Católicos se habían hecho con el poder y no estaban dispuestos a devolverlo.

Para asegurar el control real sobre la Inquisición se creó el cargo, hasta entonces inexistente, de Inquisidor General, nombrado por los reyes, y que presidía el Consejo de la Suprema y General Inquisición que era el organismo, equivalente a un ministerio, que nombraba y destituía a los inquisidores, se encargaba de las apelaciones, administraba las finanzas inquisitoriales y se encargaba de los procedimientos de las confiscaciones, que iban a parar al tesoro real. El objetivo del tribunal eran los herejes, es decir los católicos que se apartaban de la ortodoxia, por lo que un judío, un musulmán o un indio no tenían nada que temer de la Inquisición, pero aquéllos que se convertían eran fácilmente sospechosos de seguir con su antigua religión en secreto. Dado que la política de los años posteriores obligó a los no católicos a elegir entre la conversión forzosa o la expulsión, era sencillo encontrar presuntos herejes.

Cada localidad era visitada anualmente por un inquisidor que publicaba un edicto para obligar a todo cristiano a denunciar a herejes. Si las denuncias eran aceptadas se iniciaba un procedimiento basado en la presunción de culpabilidad. Al acusado no se le informaba de la identidad de sus acusadores ni de los testigos, aunque podía hacer una lista de sus enemigos y el tribunal rechazaba automáticamente a cualquier acusador que estuviera en ella. En conjunto el procedimiento apenas tenía garantías para el acusado. El uso de la tortura no era frecuente, pero tampoco excepcional. Las penas variaban desde una multa hasta los azotes, las galeras o la muerte en casos muy graves o de reincidencia. Las sentencias eran inapelables incluso ante el Papa. De hecho, en los más de trescientos años de existencia de la Inquisición en España el Papa sólo logró intervenir en tres casos.

Hacia 1520 la Inquisición había perdido fuerza: la ortodoxia no estaba en peligro en España y por tanto no se justificaba su existencia, mientras que sus métodos eran muy criticados. El nuevo rey, Carlos I, parecía opuesto al sistema de acusación secreta, pero entonces los críticos con la institución cometieron el error de recurrir a Roma para reforzar su postura. Como sus abuelos, el joven rey no vio con agrado la injerencia papal y la Inquisición sobrevivió, precisamente a causa de su independencia del Papa. La dependencia directa de la Corona era algo irresistible, sobre todo en una institución con competencia en todos los reinos. Y es que para aquellos monarcas la situación a menudo no era fácil puesto que no eran en realidad reyes de España, sino de un conjunto de reinos con sus propias leyes y fueros, y en ellos la Inquisición era lo más parecido a una policía federal con su propio tribunal. Veamos por ejemplo el encabezamiento de una carta de Felipe II:

Don Phelippe, por la graçia de Dios, rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Siçilias, de Jherusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galiçia, de Mallorcas, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdova, de Córcega, de Murçia, de Jaen, de los Algarves, de Algezira, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias islas y tierra firme del mar oçéano, conde de Barçelona, señor de Vizcaya y de Molina, duque de Atenas y Neopatria, conde de Rusellon y de Çerdania, marqués de Oristan y de Goziano, archiduque de Austria, duque de Borgoña y Bravante y Milan, conde de Flandes y de Tirol, etc.

Un montón de títulos, como se ve, para multitud de territorios diferentes que formaban un conglomerado difícil de gobernar, pero en el que la Inquisición era omnipresente. En caso de necesidad siempre se podía recurrir a ella para resolver asuntos delicados.

Un buen ejemplo es lo que hizo Felipe II cuando Antonio Pérez le puso las cosas difíciles. Pérez había sido secretario personal de Felipe II, pero su actuación era un tanto… independiente, por decirlo de alguna forma. Cuando sus manejos fueron demasiado evidentes fue encarcelado, pero logró escapar y refugiarse en Aragón, donde estaba a salvo, protegido por sus fueros. Y entonces, muy oportunamente, Pérez se encontró con una acusación de herejía que lo hizo pasar a una prisión de la Inquisición. Eventualmente logró escapar, pero su caso nos demuestra para qué podía utilizarse aquel tribunal en caso de necesidad.

Otro curioso ejemplo es el de la exportación de caballos, que Felipe II puso también bajo control de la Inquisición y no de los oficiales de aduanas. Los mejores caballos, los andaluces, no eran suficientes para cubrir la demanda civil y militar y el rey confió la exportación de un bien tan preciado a su organización más eficaz. La justificación fue que había que impedir la venta de caballos a hugonotes y luteranos. ¿Traído por los pelos? Puede, pero nos demuestra que la función de la organización iba mucho más allá de la que en principio se le supone.

La Inquisición se convirtió en un puro anacronismo con la llegada de la Ilustración. Su abolición sin embargo no fue fácil. La primera supresión llegó con los decretos de Chamartín, firmados por Napoleón en 1808, aunque la Constitución de Bayona no era clara al respecto y el gobierno de los Bonaparte fue demasiado discutido y turbulento como para tener clara la validez de sus actos. Los diputados de Cádiz también consideraron en 1813 que la Inquisición era incompatible con la Constitución, que no la abolía explícitamente. Con la vuelta de Fernando VII se restableció la organización, pero fue de nuevo suprimida durante el Trienio Liberal, al restablecerse la Constitución de Cádiz. Tras este paréntesis Fernando VII no volvió a restaurar la Inquisición, aunque siguieron existiendo unas Juntas de Fe que no eran sino el mismo tipo de tribunal con otro nombre. La abolición definitiva no llegó hasta un decreto de María Cristina de julio de 1834. La Inquisición desapareció entonces, aunque el espíritu inquisitorial a menudo parece seguir vivo y gozando de buena salud.

La huelga del Monte Sagrado

25 domingo Mar 2012

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Ahora que hay convocada una huelga general y que se emplea tanta saliva y tanta tinta en hablar de huelgas, no está de más recordar un hecho que se produjo hace muchos, muchos años; 2506 para ser exactos si aceptamos las fuentes tradicionales romanas.

Corría el año 494 antes de Cristo y Roma no era más que una pequeña ciudad de la que nadie podía sospechar que llegaría a dominar casi todo el mundo conocido. Una ciudad que contaba con dos categorías de habitantes muy diferenciadas: los patricios y los plebeyos. Los primeros se gloriaban de ser descendientes de los primeros pobladores de la ciudad mientras que los segundos provenían de quienes habían emigrado a Roma tras su fundación. Había una enorme diferencia entre unos y otros ya que sólo los patricios podían participar en el Senado, por lo que los plebeyos quedaban excluidos de las magistraturas. Esto no quiere decir que no tuvieran ningún derecho, puesto que Roma necesitaba a ese grupo tan importante de población para participar en la defensa común y por tanto se les fueron haciendo concesiones. Algunas datan de tiempos muy antiguos, cuando entre los romanos aún existía la realeza: fue en tiempos del rey Servio Tulio cuando se crearon los Comicios Centuriados, que no entendían de patricios ni de plebeyos.

Los Comicios Centuriados eran una forma de asamblea en la que el conjunto de la población estaba dividido en cinco clases en función de sus ingresos y no de su origen. Esta división parece un paso democratizador, dado que también había plebeyos adinerados (eran conocidos como equites o caballeros, puesto que podían pagarse un caballo y por tanto cumplían con sus deberes militares en la caballería). Sin embargo había una trampa: en los comicios centuriados cada clase económica tenía un número de votos diferente y la clase más rica, que votaba en primer lugar, contaba con 98, mientras que las otras cuatro clases juntas sólo llegaban a 95 votos. En otras palabras: los más ricos tenían todo el poder en la asamblea. Sí que es cierto que los más ricos podían ser plebeyos, pero desde siempre al dinero le ha gustado aliarse con el abolengo y Roma no era una excepción. La máxima aspiración de un rico caballero no era otra que entrar en el Senado, cuyas llaves guardaban los patricios y todos sabemos que los favores se pagan caros. La consecuencia es que la gran masa plebeya seguía relegada.

Con ese panorama ya sólo faltaba una crisis para que la tensión estallara. Algunos historiadores romanos, como Plutarco o Tito Livio, aseguran que la guerra contra los etruscos capitaneados por Porsena terminó satisfactoriamente para Roma, pero otros, como Plinio el Viejo o Tácito, aseguran que fue una derrota total. Lo cierto es que probablemente Roma cayó bajo el dominio etrusco y, en cualquier caso,  salió empobrecida de la guerra. Muchos campesinos habían perdido sus tierras, ahora en territorio enemigo, y las deudas empezaron a asfixiar a los plebeyos hasta que la situación se hizo insostenible.

Los plebeyos, carentes de poder político en la práctica, optaron por un remedio drástico: se retiraron de la ciudad y se asentaron en el Monte Sagrado donde plantearon la posibilidad de fundar una ciudad propia. En Roma saltaron las alarmas, principalmente porque la retirada plebeya dejaba al ejército sin efectivos en un momento en que acababan de salir de una guerra y el enemigo estaba a tiro de piedra. Cuentan que Menenio Agripa se reunió con los plebeyos y les contó la fábula del hombre cuyos miembros se negaron a seguir al servicio del estómago y por tanto dejaron de alimentarle: el estómago sufrió, pero los miembros también se debilitaron a sí mismos. Agripa era elocuente, pero no bastaba con su oratoria, también hicieron falta concesiones para atajar la secesión.

Fue entonces cuando se creó una nueva magistratura: la de los tribunos de la plebe. Eran diez en total, elegidos por un año. Mientras ocupaban el cargo no podían abandonar la ciudad durante más de un día y debían mantener siempre abierta la puerta de su casa, pues estaban al servicio del pueblo día y noche. Gozaban de inmunidad y tenían amplios poderes, entre ellos el de veto, que les permitía frenar cualquier iniciativa que juzgaran contraria a los plebeyos.

Aunque aún pasaría mucho tiempo hasta que la franja entre patricios y plebeyos se borrara completamente, se había producido un cambio profundo en la naciente República. Un cambio producido por algo que se parece mucho a una huelga, pero que en realidad es más incisivo.

Un detalle en el que hemos de fijarnos es que la retirada no se planteó como algo que debía durar un día, dos, o varios. Ni siquiera se planteó como una huelga indefinida, sino que fue una secesión con todas las consecuencias. Los plebeyos estaban dispuestos a fundar una nueva Roma, dejando la antigua abandonada a su suerte. Y por otro lado a los patricios no pareció preocuparles el daño económico, pero sí la falta de seguridad que provocaba el que el ejército perdiera a sus soldados. Es decir que al poderoso le preocupa más su propia seguridad que el bienestar de sus conciudadanos.

Y por último, otro detalle también altamente significativo: los plebeyos elegirían como tribunos casi siempre a plebeyos adinerados. Cabe preguntarse cuánto tardaron en dejar de representar realmente a sus compañeros de clase. Con el paso del tiempo también esta magistratura demostraría ser susceptible de corromperse, pero para entonces la brecha entre patricios y plebeyos se había cerrado, aunque la otra brecha, la que separaba a los ricos de los pobres, no llegaría a cerrarse jamás. Definitivamente, la Humanidad no ha cambiado tanto en los últimos 2.500 años.