La conquista del Perú culminó con una sangrienta guerra civil entre los propios conquistadores, pero en 1560 la situación ya se había estabilizado bajo el gobierno del virrey don Andrés Hurtado de Mendoza. No obstante, aún quedaban abundantes veteranos del turbulento periodo anterior, que suponían un peligro potencial. El virrey, hombre sagaz, decidió que podría librarse de aquel problema desviando las energías de aquellos hombres hacia una empresa que los alejara convenientemente de su territorio. Por eso organizó una expedición en busca del mítico reino de El Dorado y la puso al mando de un hombre de su confianza, Pedro de Ursúa.

La expedición la formarían más de 300 soldados españoles y unos 500 sirvientes entre indios y esclavos negros. En ella figuraban además algunas mujeres por ser parientes de los expedicionarios o criadas. Entre ellas estaban la amante de Pedro de Ursúa, doña Inés de Atienza, famosa por su belleza, y la joven Elvira, hija del expedicionario Lope de Aguirre, alias “el Loco”. Tras casi un año y medio de preparativos, el 26 de septiembre de 1560 se inició el viaje con un descenso por el río Marañón, afluente del Amazonas y del que los expedicionarios tomarían el nombre para ser conocidos como “marañones”.

Atravesar la selva no era tarea fácil y las penalidades comenzaron a acumularse: cuando no era el hambre eran los naufragios, y el carácter levantisco de los marañones empezó a asomar. Se ponía en cuestión el liderazgo de Ursúa, que apenas tenía ojos para nada que no fuera doña Inés. Pronto surgió una conspiración y en la madrugada del 1 de enero de 1561 los conjurados asesinaron a Ursúa y de paso a su lugarteniente, para minimizar las posibilidades de resistencia por parte del resto de los marañones.

Pero una vez muerto Ursúa, ¿qué hacer? El asesinato de su capitán convertía a los expedicionarios en traidores, por lo que el regreso estaba vedado. La primera idea fue continuar en busca de El Dorado. Si conseguían conquistar un imperio tan rico como el azteca o el inca, sin duda obtendrían un perdón. Al fin y al cabo, también Hernán Cortés había desobedecido al gobernador Velázquez y agarrándose a tal precedente se pensó en redactar un documento justificando la destitución y ejecución de Ursúa por su incompetencia, que los llevaba al desastre.

Entonces tomó la palabra Lope de Aguirre, que estaba entre los cabecillas y les abrió los ojos. ¿De verdad pensaban que bastaba con firmar un papel para quedar libres de culpa? ¿De verdad creían que iban a conquistar un imperio del que ni siquiera sabían dónde estaba, si es que existía? Debían asumir que eran traidores, pero sí sabían de un imperio rico que conquistar: el propio Perú, donde tenían amigos que los ayudarían. El discurso tuvo impacto, pero eran muchos los que no se tenían por traidores sino por leales súbditos de Felipe II y por ellos habló un tal Juan Antonio de La Bandera, que a pesar de estar entre los conjurados no simpatizaba con el proyecto de Aguirre. La sangre no llegó al río, por el momento, y la expedición siguió adelante, ahora bajo el mando nominal de don Fernando de Guzmán, un joven sevillano que tenía cierta autoridad por ser de origen noble, pero que en realidad no era más que un pelele en manos de hombres mucho más decididos.

Las intrigas se hicieron más complejas. La Bandera había conseguido ganarse a Fernando de Guzmán, pero su liderazgo no estaría seguro mientras Aguirre siguiera con vida. Aguirre, consciente de esto, siempre se hacía acompañar por una camarilla de amigos fieles mientras esperaba su oportunidad. Ésta llegaría por los celos de un tal Lorenzo de Zalduendo, que no le perdonaba a La Bandera que se hubiera convertido en el nuevo amante de doña Inés. Zalduendo comenzó a murmurar sobre el supuesto interés de la Bandera por asesinar a don Fernando y convertirse en general de la expedición. Don Fernando, alarmado por los rumores, dio poderes a Aguirre para acabar con la pretendida conspiración y éste lo hizo por la tremenda: asesinó a La Bandera y a su lugarteniente y luego soltó una arenga a la tropa acusando a sus víctimas de pretender matar a don Fernando, apoderarse de los bergantines que habían construido, irse a la costa como piratas y escapar a Francia con el botín que consiguieran.

Dueño del poder (don Fernando era ahora más que nunca una marioneta), Aguirre decidió volver a su plan de hacerse con el Perú. Eran pocos, pero pensaba que podía contar con el apoyo de los descontentos del virreinato. Para impulsar su proyecto redactó un acta de desnaturalización (en otras palabras, una declaración de independencia) que firmaron casi todos. Desde aquel día, 26 de marzo de 1561, don Fernando se consideraría a sí mismo “Príncipe de Tierra Firme, del Perú y del reino de Chile”. Zalduendo, por su parte, se quedó con doña Inés de Atienza, que debía de estar maldiciendo la expedición y la hora en que se embarcó.

Aguirre no estaba tan loco como para pensar que podía regresar sobre sus pasos y tomar el Perú con menos de 300 soldados, por mucho que contara con que se les uniría parte de la población. Sabía perfectamente que jamás triunfaría sin contar con apoyo naval para bloquear las comunicaciones del virreinato. Por eso su plan era continuar camino hasta el Atlántico, hacerse con algunas embarcaciones con las que ejercer la piratería y llegar hasta Panamá, asaltar la ciudad con sus hombres más los que lograra reclutar durante la marcha y emprender la navegación por el Pacífico. Las riquezas del Perú serían el señuelo perfecto para aumentar su ejército por el camino y en el propio virreinato.

Pero Aguirre se estaba haciendo enemigos con su costumbre de aplicar la pena de muerte en cuanto sospechaba que alguien conspiraba contra él. Un día hizo ejecutar a Zalduendo, por quejarse de que no se podían sufrir las arbitrariedades de su jefe y de paso le tocó el turno a doña Inés, que pagó por las culpas reales o imaginarias de sus tres amantes. Tanta sangre empezaba a poner nervioso a don Fernando de Guzmán, que se daba cuenta de que su reinado, por lo demás sólo nominal, no podía acabar bien e intentó buscar la manera de frenar a Aguirre con el apoyo de otros. Como era de esperar, don Fernando no tardó en ser asesinado junto con algunos otros hombres. 

Lope de Aguirre ya era el comandante de la expedición de facto, pero para serlo de forma oficial se nombró a sí mismo Príncipe y se atribuyó algunos títulos de lo más altisonante como Ira de Dios o Caudillo de los invencibles marañones, cuyo número por cierto iba menguando conforme Aguirre, cada vez más paranoico, iba ordenando ejecuciones.

Por fin, tras ganar el mar, el 20 de julio la expedición llegó a Isla Margarita, frente a las costas de Venezuela. Haciendo creer a los vecinos que eran supervivientes de un naufragio, lograron vencer su desconfianza y adueñarse del lugar, donde Aguirre instauró un reinado de terror. Tuvo la esperanza de hacerse con un navío que andaba por la zona para embarcar a Panamá y seguir sus planes de conquista, pero los encargados de capturar el buque desertaron y alertaron a su tripulación. La traición la pagaron sus propios hombres y los habitantes de Margarita, a los que tocó sufrir la ira del líder de los marañones. Aguirre ya no podría marchar por sorpresa sobre Panamá.

Ante la imposibilidad de seguir con el plan de regresar al Perú por el Pacífico, no quedó más remedio que afrontar la idea de hacerlo por tierra. Pero la empresa ya estaba condenada definitivamente. El gobernador de Venezuela, Pablo Collado se encargó de poner cédulas de perdón por donde debían pasar los marañones, con lo que aumentaron las deserciones, pese al riesgo de ser descuartizado (literalmente) en caso de fracaso. Por fin, el 27 de octubre, en una escaramuza con tropas realistas, los marañones desertaron en masa. Sólo quedó un soldado junto a Lope de Aguirre, además de su hija Elvira y la dueña que la acompañaba.

Al ver la expresión de su padre, Elvira de Aguirre comprendió lo que estaba a punto de suceder. Rogó por su vida, jurando hacerse monja para rogar por el alma de su progenitor, pero éste no estaba dispuesto a que a su hija la insultaran llamándola “hija del traidor Lope de Aguirre” ni a que “aquélla a quien tanto quería se convirtiese en colchón de bellacos”. Elvira murió apuñalada.

Es extraño que un hombre como Aguirre intentara retrasar su final, cuando su captura era inevitable, pidiendo confesión primero y después que se le permitiera hacer un relato exacto de lo ocurrido. Dos de sus antiguos camaradas, posiblemente temerosos de lo que pudiera aflorar en tal relación, se encargaron de poner fin a la vida de Aguirre con sendos tiros de arcabuz.

Los marañones se dispersaron aprovechando el perdón otorgado por Collado, pero a Felipe II le disgustó este final, de modo que Collado fue destituido y su sucesor se encargó de buscar a los supervivientes. Muchos encontraron la muerte, apenas tres meses después del fin de la expedición, formando parte de una tropa reclutada para  aplastar una rebelión india. Del resto, algunos fueron juzgados y ejecutados, pero otros consiguieron ser absueltos e incluso dos de ellos escribieron sus aventuras. El primero en hacerlo fue Francisco Vázquez, pero consiguió mayor fama Pedrarias de Almesto, que plagió vergonzosamente el relato de Vázquez. Por ellos conocemos los detalles de aquella expedición. O al menos los detalles que quisieron contar.

Parece ser que en determinadas zonas de Venezuela existe la leyenda de que los fuegos fatuos no son sino el espíritu de Aguirre y sus hombres. Toda una muestra de hasta qué punto caló en la imaginación popular el destino de aquella descabellada expedición. Por desgracia, no puedo confirmar este dato, pero quizás algún lector venezolano haya escuchado la leyenda y pueda confirmar su existencia.

Todos los años, el 12 de octubre, ocurre lo mismo. Se podría pensar que un día festivo que conmemora un hecho histórico sirve ante todo para que tal hecho sea conocido en todos sus detalles. Sin embargo no es así y, como está en auge la tendencia a pintar con los tintes más sombríos cualquier hecho de nuestro pasado, no faltan las voces que se escandalizan por la conmemoración de lo que llaman un genocidio. Como suena. Debe de ser para compensar por aquella época en la que la empresa española en América era vista como una hazaña heroica en la que no se admitían matices sombríos. Leyenda rosa antaño, leyenda negra hoy.

Sin embargo, la relación de los españoles con los indígenas americanos fue muy compleja y no debería  ser objeto de simplificaciones tan poco atinadas. Para estudiar un tema como éste, normalmente hay que esforzarse en intentar comprender la mentalidad de las personas que vivieron en otra época, con otros valores morales y otras costumbres; pero en este caso encontramos que el descubrimiento y posterior conquista de América ya produjo un debate con argumentos muy actuales en la sociedad del siglo XVI.

Pero dejemos los preámbulos y viajemos en el tiempo hasta los últimos años del siglo XV y los primeros del XVI. Cristóbal Colón no era un aventurero en busca de gloria ni viajaba por el placer de hacer turismo. Era un marino profesional y estaba buscando el negocio de su vida, como lo demuestran las exorbitantes condiciones que impuso para dirigir la expedición: nada menos que recibir con carácter vitalicio y hereditario los títulos de Almirante de la Mar Océana, Gobernador y Virrey de las tierras descubiertas, además de un 10% de los beneficios que obtuviera la Corona y la octava parte de los rendimientos del comercio. Todo un caudal de dinero, poder y posición social. Lo más increíble de todo es que los Reyes Católicos aceptaron tales demandas en las capitulaciones de Santa Fe, lo que hace pensar que o bien no creían realmente en la empresa o no tenían la menor intención de cumplir lo pactado.

Pero las tierras a las que llegó Colón no eran tan ricas como éste había creído. Tras una fase inicial, la organización definitiva de la colonización en La Española fue obra de fray Nicolás de Ovando quien, a la vista de que el oro era escaso, decidió iniciar la explotación de ganadería y el cultivo de caña de azúcar; pero para esto hacía falta mano de obra. Aquí empiezan los problemas, puesto que quienes se embarcaban para cruzar el océano no lo hacían con ánimo de trabajar como labradores sino de hacerse ricos. Su ideal era convertirse en señores de un latifundio cultivado por mano de obra servil, al estilo de los grandes señores asentados en Andalucía. Para ellos la solución era sencilla: bastaba con utilizar a los indios como mano de obra forzosa siguiendo el modelo de la encomienda de musulmanes en España. Al fin y al cabo los indios estaban sometidos por derecho de conquista… ¿o no era así?

Al principio nadie puso trabas. En 1495 Colón llevó a unos indios taínos a España como esclavos sin que nadie pusiera  reparos. ¿Por qué habrían de hacerlo? Era costumbre esclavizar al enemigo de otra religión y cristianos y musulmanes estaban acostumbrados a capturar a sus enemigos de religión y emplearlos como mano de obra esclava. Sin embargo, algunos teólogos argumentaron que los indios no eran infieles, como los musulmanes, sino meramente paganos que nunca habían tenido la oportunidad de conocer una fe cristiana que jamás habían rechazado. El asunto quedó aparentemente zanjado cuando la reina Isabel declaró a los indios como libres y no sujetos a servidumbre. Eran súbditos suyos a los que alcanzaba la protección de la Corona y por lo tanto no podían ser esclavizados.

Paralelamente se plantea la cuestión de las relaciones personales. Puede sorprender el hecho de que no sólo se toleraban las uniones mixtas, sino que en 1503 incluso se recomendaban los matrimonios entre los colonos españoles y las hijas de príncipes y caciques indios con el fin de mejorar las relaciones con los indígenas. En consecuencia los primeros mestizos no sufrieron de problemas de adaptación e incluso llegaron con facilidad a tener una buena posición social. Con posterioridad, sin embargo, los prejuicios raciales, reflejo de la obsesión peninsular por la limpieza de sangre, acabaron por imponerse, malogrando el esfuerzo de asimilación.

Pero, mientras en la Península tenían lugar estas discusiones sobre el status indígena, los acontecimientos seguían su curso, sin que fuera sencillo encauzarlos, al otro lado del Atlántico. Allí se había comenzado a usar el modelo de la encomienda, que suponía que, a cambio de su trabajo, los indios recibirían cuidado, manutención e instrucción religiosa. Feudalismo en estado puro, ante el que la protección de la reina Isabel, separada de la realidad de las Indias por un Océano, era poco más que papel mojado. Los encomenderos no cumplían con su parte de este peculiar “contrato social” y fueron muchos los religiosos que protestaron en nombre de los indios.

El debate por lo tanto no estaba cerrado ni mucho menos, y fruto de él fueron las Leyes de Burgos de 1512, que declaraban la libertad y racionalidad de los indios y que buscaban un buen trato hacia ellos. La Corona no sólo tenía motivos humanitarios para proteger a los indios (sería ingenuo creer tal cosa) sino que intentaba también poner trabas al surgimiento de una nobleza terrateniente que podía llegar a formar una casta muy poderosa y difícil de controlar. Por las Leyes de Burgos se crearon dos puestos de visitadores para denunciar y enjuiciar los abusos, y más tarde se crearía el cargo de protector de indios. Sin embargo no se suprimía la institución de la encomienda porque eso habría puesto a los colonos en pie de guerra. La consecuencia fue que el amparo que teóricamente proporcionaban las leyes quedaba anulado en la práctica.

En México, Hernán Cortés intentaría un sistema de encomienda parecido, en el que los indios debían poner trabajo, oro y mercancías a cambio de protección y buen gobierno, con la novedad de que los indios trabajarían bajo la dirección de sus propios caciques. Pero el sistema tampoco funcionó porque los encomenderos, que aspiraban a convertirse precisamente en el tipo de nobleza que tanto preocupaba a la Corona, no aceptaban el no tener la propiedad de los indios ni derecho de jurisdicción sobre ellos.

El contacto con culturas más evolucionadas, organizadas en sociedades de fuerte base religiosa hacía más necesaria que nunca la labor de los misioneros, lo que agudiza la disputa entre los religiosos, que pretenden atraer al indio y lograr su conversión, y los encomenderos, que buscan simplemente la explotación de la mano de obra. Quizás la frase que mejor resume el conflicto es la airada contestación de Pizarro a un sacerdote que protestaba por el expolio de los indios a los que quería transmitir la fe: “Yo no he venido por tales razones. He venido a quitarles su oro”.

El debate se encona y surgen en él figuras como las de Bartolomé de Las Casas, Francisco de Vitoria, Domingo de Soto y otros, que se posicionan en contra de la conquista violenta. Pero también los encomenderos encontraron defensores elocuentes, como Juan Ginés de Sepúlveda, que pretendía un control paternalista de los indios. De las discusiones entre ambos puntos de vista surgieron las Leyes Nuevas de 1542, cuya aplicación llevó a una verdadera guerra civil en el Perú entre el virrey Blasco Núñez de Vela, decidido a aplicar la ley, y los encomenderos acaudillados por Gonzalo Pizarro, que no la aceptaban.

La convivencia entre los colonos españoles y los indios parecía por tanto un problema irresoluble. Se empezó a considerar que la mejor forma de evangelizar a los indios y protegerlos de los abusos era reunirlos en poblados alejados de los europeos. Los más extendidos y ricos de estos enclaves fueron las reducciones jesuitas, que se autofinanciaban con explotaciones ganaderas, cultivos de azúcar, talleres textiles y alfareros, etc. Estaban enclavadas en zonas indígenas al amparo de los colonizadores, y se anteponían en ellas los intereses de la comunidad india hasta el extremo de llegar a protegerlas militarmente contra las incursiones de esclavistas y colonos.

Al separar a los dos grupos sociales, colonos e indios, el modelo social resultante era el de una sociedad dual en la que existía, frente a la denominada república de españoles, una república de indios, cuya estructura era castellana, pero con administración india bajo el gobierno de un cacique. Los pueblos de indios pagaban un tributo pero eran autónomos. Había juzgado de indios, corregidor de indios, etc. Las reducciones funcionaron, apoyadas por la Corona, hasta mediados del siglo XVIII.

No hubo por tanto un programa de exterminio destinado a la eliminación de los indígenas impulsado por la Corona,  sino todo lo contrario por lo que no se puede hablar de genocidio, aunque sea cierto que los esfuerzos protectores jamás consiguieron erradicar los abusos y explotación de los indios. Lo más llamativo de todo el proceso es, para mí, lo vivo que estaba en aquel lejano siglo XVI un debate en el que se ponía en duda que la capacidad de dominar un territorio por la fuerza de las armas supusiera  tener el derecho de disponer a capricho de sus habitantes. No está nada mal para una época en la que no existía la expresión “derechos humanos”.