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Derechos humanos vs derecho de conquista

27 domingo Oct 2013

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Todos los años, el 12 de octubre, ocurre lo mismo. Se podría pensar que un día festivo que conmemora un hecho histórico sirve ante todo para que tal hecho sea conocido en todos sus detalles. Sin embargo no es así y, como está en auge la tendencia a pintar con los tintes más sombríos cualquier hecho de nuestro pasado, no faltan las voces que se escandalizan por la conmemoración de lo que llaman un genocidio. Como suena. Debe de ser para compensar por aquella época en la que la empresa española en América era vista como una hazaña heroica en la que no se admitían matices sombríos. Leyenda rosa antaño, leyenda negra hoy.

Sin embargo, la relación de los españoles con los indígenas americanos fue muy compleja y no debería  ser objeto de simplificaciones tan poco atinadas. Para estudiar un tema como éste, normalmente hay que esforzarse en intentar comprender la mentalidad de las personas que vivieron en otra época, con otros valores morales y otras costumbres; pero en este caso encontramos que el descubrimiento y posterior conquista de América ya produjo un debate con argumentos muy actuales en la sociedad del siglo XVI.

Pero dejemos los preámbulos y viajemos en el tiempo hasta los últimos años del siglo XV y los primeros del XVI. Cristóbal Colón no era un aventurero en busca de gloria ni viajaba por el placer de hacer turismo. Era un marino profesional y estaba buscando el negocio de su vida, como lo demuestran las exorbitantes condiciones que impuso para dirigir la expedición: nada menos que recibir con carácter vitalicio y hereditario los títulos de Almirante de la Mar Océana, Gobernador y Virrey de las tierras descubiertas, además de un 10% de los beneficios que obtuviera la Corona y la octava parte de los rendimientos del comercio. Todo un caudal de dinero, poder y posición social. Lo más increíble de todo es que los Reyes Católicos aceptaron tales demandas en las capitulaciones de Santa Fe, lo que hace pensar que o bien no creían realmente en la empresa o no tenían la menor intención de cumplir lo pactado.

Pero las tierras a las que llegó Colón no eran tan ricas como éste había creído. Tras una fase inicial, la organización definitiva de la colonización en La Española fue obra de fray Nicolás de Ovando quien, a la vista de que el oro era escaso, decidió iniciar la explotación de ganadería y el cultivo de caña de azúcar; pero para esto hacía falta mano de obra. Aquí empiezan los problemas, puesto que quienes se embarcaban para cruzar el océano no lo hacían con ánimo de trabajar como labradores sino de hacerse ricos. Su ideal era convertirse en señores de un latifundio cultivado por mano de obra servil, al estilo de los grandes señores asentados en Andalucía. Para ellos la solución era sencilla: bastaba con utilizar a los indios como mano de obra forzosa siguiendo el modelo de la encomienda de musulmanes en España. Al fin y al cabo los indios estaban sometidos por derecho de conquista… ¿o no era así?

Al principio nadie puso trabas. En 1495 Colón llevó a unos indios taínos a España como esclavos sin que nadie pusiera  reparos. ¿Por qué habrían de hacerlo? Era costumbre esclavizar al enemigo de otra religión y cristianos y musulmanes estaban acostumbrados a capturar a sus enemigos de religión y emplearlos como mano de obra esclava. Sin embargo, algunos teólogos argumentaron que los indios no eran infieles, como los musulmanes, sino meramente paganos que nunca habían tenido la oportunidad de conocer una fe cristiana que jamás habían rechazado. El asunto quedó aparentemente zanjado cuando la reina Isabel declaró a los indios como libres y no sujetos a servidumbre. Eran súbditos suyos a los que alcanzaba la protección de la Corona y por lo tanto no podían ser esclavizados.

Paralelamente se plantea la cuestión de las relaciones personales. Puede sorprender el hecho de que no sólo se toleraban las uniones mixtas, sino que en 1503 incluso se recomendaban los matrimonios entre los colonos españoles y las hijas de príncipes y caciques indios con el fin de mejorar las relaciones con los indígenas. En consecuencia los primeros mestizos no sufrieron de problemas de adaptación e incluso llegaron con facilidad a tener una buena posición social. Con posterioridad, sin embargo, los prejuicios raciales, reflejo de la obsesión peninsular por la limpieza de sangre, acabaron por imponerse, malogrando el esfuerzo de asimilación.

Pero, mientras en la Península tenían lugar estas discusiones sobre el status indígena, los acontecimientos seguían su curso, sin que fuera sencillo encauzarlos, al otro lado del Atlántico. Allí se había comenzado a usar el modelo de la encomienda, que suponía que, a cambio de su trabajo, los indios recibirían cuidado, manutención e instrucción religiosa. Feudalismo en estado puro, ante el que la protección de la reina Isabel, separada de la realidad de las Indias por un Océano, era poco más que papel mojado. Los encomenderos no cumplían con su parte de este peculiar “contrato social” y fueron muchos los religiosos que protestaron en nombre de los indios.

El debate por lo tanto no estaba cerrado ni mucho menos, y fruto de él fueron las Leyes de Burgos de 1512, que declaraban la libertad y racionalidad de los indios y que buscaban un buen trato hacia ellos. La Corona no sólo tenía motivos humanitarios para proteger a los indios (sería ingenuo creer tal cosa) sino que intentaba también poner trabas al surgimiento de una nobleza terrateniente que podía llegar a formar una casta muy poderosa y difícil de controlar. Por las Leyes de Burgos se crearon dos puestos de visitadores para denunciar y enjuiciar los abusos, y más tarde se crearía el cargo de protector de indios. Sin embargo no se suprimía la institución de la encomienda porque eso habría puesto a los colonos en pie de guerra. La consecuencia fue que el amparo que teóricamente proporcionaban las leyes quedaba anulado en la práctica.

En México, Hernán Cortés intentaría un sistema de encomienda parecido, en el que los indios debían poner trabajo, oro y mercancías a cambio de protección y buen gobierno, con la novedad de que los indios trabajarían bajo la dirección de sus propios caciques. Pero el sistema tampoco funcionó porque los encomenderos, que aspiraban a convertirse precisamente en el tipo de nobleza que tanto preocupaba a la Corona, no aceptaban el no tener la propiedad de los indios ni derecho de jurisdicción sobre ellos.

El contacto con culturas más evolucionadas, organizadas en sociedades de fuerte base religiosa hacía más necesaria que nunca la labor de los misioneros, lo que agudiza la disputa entre los religiosos, que pretenden atraer al indio y lograr su conversión, y los encomenderos, que buscan simplemente la explotación de la mano de obra. Quizás la frase que mejor resume el conflicto es la airada contestación de Pizarro a un sacerdote que protestaba por el expolio de los indios a los que quería transmitir la fe: “Yo no he venido por tales razones. He venido a quitarles su oro”.

El debate se encona y surgen en él figuras como las de Bartolomé de Las Casas, Francisco de Vitoria, Domingo de Soto y otros, que se posicionan en contra de la conquista violenta. Pero también los encomenderos encontraron defensores elocuentes, como Juan Ginés de Sepúlveda, que pretendía un control paternalista de los indios. De las discusiones entre ambos puntos de vista surgieron las Leyes Nuevas de 1542, cuya aplicación llevó a una verdadera guerra civil en el Perú entre el virrey Blasco Núñez de Vela, decidido a aplicar la ley, y los encomenderos acaudillados por Gonzalo Pizarro, que no la aceptaban.

La convivencia entre los colonos españoles y los indios parecía por tanto un problema irresoluble. Se empezó a considerar que la mejor forma de evangelizar a los indios y protegerlos de los abusos era reunirlos en poblados alejados de los europeos. Los más extendidos y ricos de estos enclaves fueron las reducciones jesuitas, que se autofinanciaban con explotaciones ganaderas, cultivos de azúcar, talleres textiles y alfareros, etc. Estaban enclavadas en zonas indígenas al amparo de los colonizadores, y se anteponían en ellas los intereses de la comunidad india hasta el extremo de llegar a protegerlas militarmente contra las incursiones de esclavistas y colonos.

Al separar a los dos grupos sociales, colonos e indios, el modelo social resultante era el de una sociedad dual en la que existía, frente a la denominada república de españoles, una república de indios, cuya estructura era castellana, pero con administración india bajo el gobierno de un cacique. Los pueblos de indios pagaban un tributo pero eran autónomos. Había juzgado de indios, corregidor de indios, etc. Las reducciones funcionaron, apoyadas por la Corona, hasta mediados del siglo XVIII.

No hubo por tanto un programa de exterminio destinado a la eliminación de los indígenas impulsado por la Corona,  sino todo lo contrario por lo que no se puede hablar de genocidio, aunque sea cierto que los esfuerzos protectores jamás consiguieron erradicar los abusos y explotación de los indios. Lo más llamativo de todo el proceso es, para mí, lo vivo que estaba en aquel lejano siglo XVI un debate en el que se ponía en duda que la capacidad de dominar un territorio por la fuerza de las armas supusiera  tener el derecho de disponer a capricho de sus habitantes. No está nada mal para una época en la que no existía la expresión “derechos humanos”.

Inquisición: policía federal.

08 domingo Abr 2012

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Dedicado a @Palomamer, que no ha parado de insistir hasta salirse con la suya. 😉

Hasta los que no son aficionados a la Historia han oído hablar, y mucho, de la Inquisición. Si se atiende a la imagen popular parece como si fuera un invento genuinamente español y en cierto modo, pero sólo en parte, es así porque en España la Inquisición tuvo características propias que la convirtieron en algo más que un tribunal eclesiástico. Era todo un gran instrumento de poder al servicio de… ¿la Iglesia? Pues no, ¡sorpresa! al servicio de la Corona.

La Inquisición original, conocida como Inquisición papal no fue una creación española. Era un tribunal creado por el papado para detectar, juzgar y castigar la herejía y existía desde el siglo XIII, cuando se puso en marcha para reprimir a los cátaros. Funcionó en Francia, norte de Italia, en Alemania, en Flandes y débilmente en Aragón, pero no llegó a penetrar en Castilla. En el siglo XV era una institución obsoleta, aunque reviviría más tarde, en 1542, con motivo de la reforma protestante. ¿Por qué entonces apareció con tanta fuerza la Inquisición española a finales del siglo XV en unos territorios en los que jamás se había establecido o lo había hecho con poca fuerza?

Las razones están en la política unificadora de los Reyes Católicos. Por un lado la lógica de la época apuntaba hacia la necesidad de la unidad religiosa de los territorios gobernados por un mismo príncipe; por otro hay que considerar el antisemitismo social del momento, que fustigaba no sólo a los judíos sino también a los conversos por ser sospechosos de seguir practicando el judaísmo en secreto; por último no hay que desdeñar la oportunidad que se presentaba de mejorar las finanzas de la Corona en un momento de crisis mediante la confiscación de los bienes de los condenados. En este ambiente los monarcas escucharon las denuncias del prior dominico Alonso de Hojeda y lograron establecer la Inquisición, pero no la Inquisición papal, sino que en 1478 consiguieron algo insospechado: nada menos que una bula de Sixto IV autorizándoles a que fueran ellos quienes nombraran inquisidores. ¡La Inquisición bajo control de los reyes y no del Papa! Isabel y Fernando no perdieron la ocasión, aunque pronto sus inquisidores se mostraron tan entusiastas de su labor que el mismo Sixto IV condenó su brutal actuación y quiso que aquel tribunal pasara a dominio de la Iglesia. Demasiado tarde. Los Reyes Católicos se habían hecho con el poder y no estaban dispuestos a devolverlo.

Para asegurar el control real sobre la Inquisición se creó el cargo, hasta entonces inexistente, de Inquisidor General, nombrado por los reyes, y que presidía el Consejo de la Suprema y General Inquisición que era el organismo, equivalente a un ministerio, que nombraba y destituía a los inquisidores, se encargaba de las apelaciones, administraba las finanzas inquisitoriales y se encargaba de los procedimientos de las confiscaciones, que iban a parar al tesoro real. El objetivo del tribunal eran los herejes, es decir los católicos que se apartaban de la ortodoxia, por lo que un judío, un musulmán o un indio no tenían nada que temer de la Inquisición, pero aquéllos que se convertían eran fácilmente sospechosos de seguir con su antigua religión en secreto. Dado que la política de los años posteriores obligó a los no católicos a elegir entre la conversión forzosa o la expulsión, era sencillo encontrar presuntos herejes.

Cada localidad era visitada anualmente por un inquisidor que publicaba un edicto para obligar a todo cristiano a denunciar a herejes. Si las denuncias eran aceptadas se iniciaba un procedimiento basado en la presunción de culpabilidad. Al acusado no se le informaba de la identidad de sus acusadores ni de los testigos, aunque podía hacer una lista de sus enemigos y el tribunal rechazaba automáticamente a cualquier acusador que estuviera en ella. En conjunto el procedimiento apenas tenía garantías para el acusado. El uso de la tortura no era frecuente, pero tampoco excepcional. Las penas variaban desde una multa hasta los azotes, las galeras o la muerte en casos muy graves o de reincidencia. Las sentencias eran inapelables incluso ante el Papa. De hecho, en los más de trescientos años de existencia de la Inquisición en España el Papa sólo logró intervenir en tres casos.

Hacia 1520 la Inquisición había perdido fuerza: la ortodoxia no estaba en peligro en España y por tanto no se justificaba su existencia, mientras que sus métodos eran muy criticados. El nuevo rey, Carlos I, parecía opuesto al sistema de acusación secreta, pero entonces los críticos con la institución cometieron el error de recurrir a Roma para reforzar su postura. Como sus abuelos, el joven rey no vio con agrado la injerencia papal y la Inquisición sobrevivió, precisamente a causa de su independencia del Papa. La dependencia directa de la Corona era algo irresistible, sobre todo en una institución con competencia en todos los reinos. Y es que para aquellos monarcas la situación a menudo no era fácil puesto que no eran en realidad reyes de España, sino de un conjunto de reinos con sus propias leyes y fueros, y en ellos la Inquisición era lo más parecido a una policía federal con su propio tribunal. Veamos por ejemplo el encabezamiento de una carta de Felipe II:

Don Phelippe, por la graçia de Dios, rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Siçilias, de Jherusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galiçia, de Mallorcas, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdova, de Córcega, de Murçia, de Jaen, de los Algarves, de Algezira, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias islas y tierra firme del mar oçéano, conde de Barçelona, señor de Vizcaya y de Molina, duque de Atenas y Neopatria, conde de Rusellon y de Çerdania, marqués de Oristan y de Goziano, archiduque de Austria, duque de Borgoña y Bravante y Milan, conde de Flandes y de Tirol, etc.

Un montón de títulos, como se ve, para multitud de territorios diferentes que formaban un conglomerado difícil de gobernar, pero en el que la Inquisición era omnipresente. En caso de necesidad siempre se podía recurrir a ella para resolver asuntos delicados.

Un buen ejemplo es lo que hizo Felipe II cuando Antonio Pérez le puso las cosas difíciles. Pérez había sido secretario personal de Felipe II, pero su actuación era un tanto… independiente, por decirlo de alguna forma. Cuando sus manejos fueron demasiado evidentes fue encarcelado, pero logró escapar y refugiarse en Aragón, donde estaba a salvo, protegido por sus fueros. Y entonces, muy oportunamente, Pérez se encontró con una acusación de herejía que lo hizo pasar a una prisión de la Inquisición. Eventualmente logró escapar, pero su caso nos demuestra para qué podía utilizarse aquel tribunal en caso de necesidad.

Otro curioso ejemplo es el de la exportación de caballos, que Felipe II puso también bajo control de la Inquisición y no de los oficiales de aduanas. Los mejores caballos, los andaluces, no eran suficientes para cubrir la demanda civil y militar y el rey confió la exportación de un bien tan preciado a su organización más eficaz. La justificación fue que había que impedir la venta de caballos a hugonotes y luteranos. ¿Traído por los pelos? Puede, pero nos demuestra que la función de la organización iba mucho más allá de la que en principio se le supone.

La Inquisición se convirtió en un puro anacronismo con la llegada de la Ilustración. Su abolición sin embargo no fue fácil. La primera supresión llegó con los decretos de Chamartín, firmados por Napoleón en 1808, aunque la Constitución de Bayona no era clara al respecto y el gobierno de los Bonaparte fue demasiado discutido y turbulento como para tener clara la validez de sus actos. Los diputados de Cádiz también consideraron en 1813 que la Inquisición era incompatible con la Constitución, que no la abolía explícitamente. Con la vuelta de Fernando VII se restableció la organización, pero fue de nuevo suprimida durante el Trienio Liberal, al restablecerse la Constitución de Cádiz. Tras este paréntesis Fernando VII no volvió a restaurar la Inquisición, aunque siguieron existiendo unas Juntas de Fe que no eran sino el mismo tipo de tribunal con otro nombre. La abolición definitiva no llegó hasta un decreto de María Cristina de julio de 1834. La Inquisición desapareció entonces, aunque el espíritu inquisitorial a menudo parece seguir vivo y gozando de buena salud.