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El ocaso de un reino

28 jueves Ago 2014

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Me he referido en este blog, en dos ocasiones, al hecho de que la presión fiscal, cuando se percibe como excesiva, puede provocar alteraciones graves en la sociedad hasta llegar incluso a la forma de revolución. Para ilustrarlo he utilizado dos artículos. Uno de ellos nos mostraba cómo las revoluciones que separan la Edad Moderna de la Contemporánea (las revoluciones francesa y norteamericana) tenían origen en subidas de impuestos, mientras que el otro hablaba de la decadencia de la clase acomodada de Roma, incapaz de seguir sufragando los gastos de sus ciudades, lo que a la larga influyó en la decadencia general y la caída del Imperio. Un artículo con un ejemplo de la Edad Moderna y otro con un ejemplo de la Edad Antigua. ¿Y no hay ningún ejemplo en la Edad Media? Pues sí, claro que lo hay, y además bien cercano.

La Alta Edad Media en Hispania es una época muy interesante para los aficionados a la Historia. El reino visigodo de Toledo es una entidad política muy desarrollada, pero que dura relativamente poco hasta alcanzar su fin en el año 711 con la invasión musulmana. Pero las cosas no son tan simples, nunca lo son, como para pensar que sencillamente un día llegó un ejército desde el norte de África y ocupó la Península Ibérica militarmente. Lo cierto es que la sociedad visigoda se descomponía y surgió una alternativa que resultaba mucho más barata. Pero vayamos por partes.

Que el reino visigodo no estaba completamente cohesionado es evidente a la vista de su turbulenta historia, y sus últimos años no son, por supuesto, una excepción. El rey Wamba, por ejemplo, se enfrentó en 673, al poco de subir al trono, a una sublevación en la Galia Narbonense, al frente de la cual se puso nada menos que el hombre al que él había enviado para sofocarla, el duque Paulo. Hay que decir que Wamba actuó con una gran energía y puso fin al problema en menos de seis meses, pero la gran extensión de la rebelión y su encabezamiento por el duque demuestran el poco afecto de las capas altas de la sociedad por el orden establecido. La deposición de Wamba es paradigmática: el 14 de octubre del año 680 se sintió tan enfermo que se dejó revestir de hábitos monásticos y tonsurar; en otras palabras, consintió en entrar en religión como forma de penitencia ante su inminente muerte… que resultó no ser tan inminente porque se recuperó. Pero eso daba igual a quienes estaban involucrados en la intriga, ya que legalmente no podía ser rey quien había sido tonsurado y Wamba tuvo que dejar el trono.

Los sucesores de Wamba actúan de forma que deja clara su debilidad: Ervigio (680-687), por ejempo, sufrió el escaso interés de sus súbditos por defender el reino, pero aun así tuvo que suavizar la ley militar de su predecesor, puesto que la mitad de la población sufría la pena de incapacidad de testificar en juicio reservada a quienes incumplían sus obligaciones militares. Egica (687-702), por su parte, promulgó duras leyes contra quienes conspiraban contra él, que no eran pocos. No sólo se deterioraba la situación política: las malas cosechas golpeaban el reino y la legislación sobre esclavos fugitivos hace suponer que las fugas de aquella mano de obra tan necesaria eran frecuentes; peor aún: los fugitivos no tenían más remedio que dedicarse al bandidaje, empeorando la situación general. La economía empeoraba y lo demuestra que las monedas del reinado de Witiza son de muy mala ley, es decir, tienen poco metal noble, por lo que su valor es muy inferior al nominal, lo que es una forma primitiva de devaluar la moneda.

Tan mal debía de estar la situación social, que en un concilio se expresó la preocupación por el alto número de suicidios. Los súbditos del reino no tenían interés en defenderlo, como demuestra la necesidad de la ley militar de Witiza y su fracaso, pero es que apenas tenían fuerzas para defender su propia vida. Y en estas circunstancias de crisis social llegó el chispazo que haría estallar aquel mundo: al morir Witiza en 710, su clan familiar intentó entronizar a su hijo Agila, pero la asamblea de nobles designó rey al duque Don Rodrigo. Era perfectamente legal, pero el clan witiziano no se iba a dar por vencido fácilmente.

En estas circunstancias se produjo la intervención musulmana. El porqué de su llegada no está completamente claro, pero sí se sabe que en algún momento, antes o después de cruzar el Estrecho, pactaron con los witizianos. En el momento en que el rey Rodrigo se enfrentaba a las tropas invasoras en la batalla de Guadalete (julio del año 711) las alas de su propio ejército, dirigidas por partidarios de los hijos de Witiza, abandonaron la batalla. Si los witizianos esperaban conseguir así el control del reino se vieron defraudados porque, comprendiendo la debilidad visigoda, los musulmanes se lanzaron a una conquista total, independientemente de los pactos que hubiesen alcanzado de antemano. Toledo cayó en seguida y el mismo gobernador del norte de África, Muza, (el proverbial Moro Muza) se animaba a pasar el Estrecho para no dejar por completo en manos de su subalterno, el bereber Tariq, una empresa que estaba resultando tan provechosa.

La ocupación fue muy rápida y, detalle interesante, relativamente pacífica. Los invasores no realizaron ningún tipo de proselitismo o persecución, al menos durante los primeros años (la historia de la Hispania musulmana es tan larga que en ella la situación cambió varias veces). Durante esta primera época, cristianos y judíos gozaron de protección por motivos religiosos, puesto que las tres religiones forman parte de una misma verdad revelada. Y no había grandes motivos para que los habitantes de Hispania se alzaran contra los recién llegados: los judíos se habían librado de las crueles leyes godas (Egica llegó a decretar que se separase a los niños judíos de sus familias al cumplir siete años), por lo que salían ganando con el cambio, y por su parte la nobleza rural y los campesinos se convirtieron con frecuencia al Islam.

Los motivos fiscales de estas conversiones no son de desdeñar: sobre los cristianos recaía un impuesto para los propietarios de terreno y una tasa personal que venía a ser un impuesto sobre la renta. El diezmo anual que pagaban los musulmanes era menos oneroso, por lo que las conversiones fueron numerosas en el medio rural, que además estaba muy abandonado por el clero visigodo. Se puede decir que a sus habitantes tanto les daba una religión que otra y escogieron la opción más barata. En las ciudades, sin embargo, el clero estaba mejor preparado culturalmente y además no había impuesto territorial, por lo que los incentivos eran menores y el cristianismo se conservó en gran medida.

Así que, después de todo, los motivos fiscales influyeron en un cambio social tan brusco como fue el hundimiento del reino de Toledo y su sustitución por la sociedad que evolucionaría hasta convertirse en el Emirato de Córdoba. Una vez más, las personas que formaban aquella comunidad no miraron por el bien de su rey, sus leyes o su religión sino por su propio interés, y una vez más escogieron lo que les ofrecía mayor beneficio. Puede que haya una enseñanza en todas estas historias, o puede que no, pero si la hubiese, creo que en la moraleja se incluiría el hecho de que los individuos sólo se sacrifican por una sociedad cuando sienten que forman parte de ella.

Claro, que también es posible que no haya ninguna conclusión que extraer y que los revolucionarios del siglo XVIII y los decuriones del siglo IV de mis anteriores artículos no tengan nada que ver con los españoles del siglo VIII. En este caso tampoco tendrían nada que ver con nosotros, personas del siglo XXI y yo, personalmente, vería el futuro de nuestra sociedad con mucho más optimismo.

 

 

 

El elefante imperceptible

03 domingo Ago 2014

Posted by in Historia, Política

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Llevamos unos días ajetreados a causa del gran escándalo de las riquezas de la familia de Jordi Pujol, que confesó hace unos días haber mantenido cuentas ocultas en el extranjero durante 34 años. Según él, el dinero procede de una herencia y, vaya por Dios, no encontró el momento adecuado para declarar su existencia en todo este tiempo. Al final encontró un ratito, justo cuando las investigaciones sobre evasión fiscal estrechaban el cerco sobre él y su familia. Según han pasado los días se ha ido sabiendo más y ha ido creciendo la cantidad oculta. Hoy mismo se publica que la fortuna evadida podría llegar hasta 1.800 millones de euros.

Paralelamente ha ido asomando una pregunta, mejor dicho la pregunta: ¿y nadie se había enterado de esto? Resulta que al parecer sí se había enterado mucha gente, pero era mucho más saludable fingir que no se sabía nada y que frases como aquella sobre el 3% en referencia a las comisiones ilegales no pasaban de ser exabruptos. En una palabra, acatar la ley del silencio, la omertá, que acertadamente califica Anita Noire como lo peor de todo el asunto en este artículo de su blog. Los americanos tienen una expresión para definir estas situaciones en las que hay algo evidente que todo el mundo conoce, que es imposible no ver, pero que se finge no percibir. Dicen que hay «un elefante en la habitación». Es imposible que pase desapercibido, ¿verdad? Sin embargo, cuando al fin alguien menciona su existencia y es imposible seguir fingiendo todo el mundo lo contempla asombrado. Vaya, quién iba a pensar que estuviera allí.

Quizás el mejor ejemplo de apertura de ojos colectiva sea el de Alemania al finalizar la Segunda Guerra Mundial y la mejor forma de expresarlo venga de una obra de ficción. Quien haya visto «Vencedores o vencidos» (lamentable título para la película titulada originalmente «Judgment at Nuremberg») recordará a Richard Widmark exclamando sarcásticamente «¿No se han enterado? No hay ni un solo nazi en Alemania. Nunca los ha habido». Pero no quiero hablar de este asunto para no caer en la célebre Ley de Godwin, según la cual, sea cual sea el tema de discusión, a la larga siempre aparece alguien que hace una comparación con la Alemania nazi. Para evitarlo me iré a otro momento en el que también se abrieron bruscamente los ojos de muchas personas que, mira por dónde, no se habían enterado de nada. Fue en 1956 durante el XX congreso del PCUS (Partido Comunista de la Unión Soviética).

Al morir Stalin en 1953, la URSS se encontró con una dirección colectiva: Malenkov era jefe de gobierno, Kruschev controlaba el partido, Beria dominaba la policía y Molotov controlaba la diplomacia. Que este tipo de arreglos es provisional lo sabemos desde que murió Alejandro Magno. En este caso fue Kruschev, que tenía la ventaja de dominar el partido y por tanto de controlar la ortodoxia, quien logró quedar como heredero único. Lo que nadie podía esperar era lo que ocurriría apenas el nuevo mandatario comenzara a sentirse seguro en su posición. A principios de 1956 se celebró el primer congreso del PCUS desde la muerte de Stalin. Podría haber transcurrido como un acontecimiento anodino, con interés sólo para historiadores muy versados en la materia, si no fuera por lo que ocurrió el último día, en sesión cerrada. Fue el momento en el que Kruschev leyó su célebre discurso secreto.

Hasta aquel momento Stalin era el gran padre de la patria, comparable sólo a Lenin, pero de pronto, en el discurso, su sucesor empezó a enumerar sus defectos, a denunciar las grandes purgas en las que se falsificaban pruebas contra quienes eran declarados enemigos del pueblo, a desvelar la desconfianza de Lenin hacia quien a la postre le sucedería, y así sucesivamente ante los ojos asombrados de los asistentes. Era un discurso en el que además se denunciaban las deportaciones masivas, contrarias al ideal de Estado multinacional y, sobre todo, se criticaba el culto a la personalidad. Los asistentes escucharon cómo el hasta entonces dirigente clarividente, genio estratégico, héroe de la gran guerra patriótica contra el invasor alemán, era acusado de haber escrito él mismo su biografía en los términos más aduladores y serviles. Kruschev puso otros ejemplos de autobombo, como la creación del premio Stalin, su nombre dado a empresas y ciudades… hasta el himno nacional contenía una frase alabando a Stalin. Tras la crítica, Kruschev llamaba a la prudencia, para no dar argumentos a los enemigos del país, y por eso tardó tanto en conocerse el discurso en detalle: pasó casi un mes hasta que se divulgó en el extranjero y hasta 1988, en plena perestroika, no se publicó el texto íntegro en la URSS.

Lo fantástico del caso es que mientras Kruschev se preguntaba cómo Stalin podía describirse a sí mismo como un hombre alejado de la vanidad y el engreimiento cuando paralelamente fomentaba el culto a su persona, los delegados presentes escuchaban como si estuvieran descubriéndoles un mundo nuevo cuando es imposible que no conocieran los asuntos que desgranaba su nuevo dirigente. En el discurso, Kruschev se preguntaba retóricamente por qué no se había rebelado el Politburó, pero la respuesta la tenía delante con sólo levantar la mirada: los mismos delegados que estaban descubriendo la otra cara de Stalin sin rechistar habrían aplaudido con entusiasmo un discurso en el que se propusiera rendirle honores póstumos.

Por eso no tiene nada de extraño que hoy de pronto una parte mayoritaria de la sociedad, la prensa, la política y el mundo empresarial descubran con sorpresa que la familia Pujol ocultaba un imperio económico de turbia procedencia sin que nadie sospechara lo que se escondía bajo su apacible apariencia. Probablemente no viviré para verlo, pero dentro de 50 años los libros de Historia describirán la sorpresa con que se recibe la existencia de la fortuna oculta de Pujol con los mismos términos con que los libros de hoy describen el efecto del discurso de Kruschev: un silencio helado.

Caramba, entonces… ¿aquel barritar, ese olor, aquella trompa, esas orejas… eran porque había un elefante en la habitación? Tanta gente dentro y nadie se había percatado de su presencia hasta ahora. Cité antes una película y me despediré citando otra, Casablanca, en la que el capitán Renault exclama indignado mientas le entregan lo que ha ganado en la ruleta «¡Qué escándalo, he descubierto que aquí se juega!».

La prensa descontrolada

06 domingo Jul 2014

Posted by in Historia, Política, Prensa

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Llevamos unos días ajetreados y todo porque a uno de los miembros de nuestra clase política se le ha ocurrido decir que los medios de comunicación deberían estar bajo control público para impedir que estén en manos del poder económico, en otras palabras, que siendo la prensa órgano decisivo en la formación de la cultura popular no se puede dejar sin control ni admitirse que el periodismo viva al margen del Estado.

Habría que preguntarse cómo sería en la práctica ese control público. Para empezar se debería decidir qué organismo ejerce el control. En última instancia sería un ministerio, pero se necesitaría crear alguna agencia ex profeso. Como el territorio nacional es grande, para descentralizar la tarea se podrían crear sub-agencias de ámbito provincial (por ejemplo, aunque también podría ser autonómico) a las que llamaremos Servicio de Prensa, por encima de las cuales estaría la coordinadora a nivel nacional: el Servicio Nacional de Prensa. Es una estructura lógica: los directores de los medios de comunicación seguirían las directrices de su Servicio de Prensa y para coordinar todos los servicios provinciales estaría el Servicio Nacional de Prensa integrado en el Ministerio. Los directores de los medios de comunicación serían responsables de lo publicado y, puesto que dirigirían lo que se puede considerar un servicio público, su nombramiento sería aprobado por el Ministerio. Para ejercer un control efectivo los periodistas tendrían que tener un carnet y estar registrados en el Servicio Nacional de Prensa.

Quien esté de acuerdo con la idea del control público (es decir, político) de los medios de comunicación supongo que verá estas ideas como una forma coherente de ejercerlo. Pero ¿en qué detalles se esconde el diablo? Pues… en todos. El párrafo anterior es un resumen de la Ley de Prensa promulgada por el general Franco en abril de 1938, es más, las partes que he escrito en cursiva son copia literal de aquella ley, que fue promulgada en plena Guerra Civil y es en algunos aspectos incluso más restrictiva que la ley de Mussolini que la inspiró.

La ley de 1938 tenía aspectos peculiares, como el de hacer que la empresa editora fuera co-responsable de los actos de un director que les había sido impuesto. Un ejemplo de las situaciones a las que daba lugar es el caso del periódico monárquico por excelencia, ABC, que tuvo como director entre 1940 y 1946 a José Losada de la Torre, quien llegó a publicar un artículo antimonárquico, obviamente en contra del criterio del consejo de administración. Lo curioso es que el propio Losada hubo de dimitir finalmente por una queja del ministro de la Gobernación, que estaba furioso porque se hubiera publicado un extracto de un discurso suyo y no el discurso entero.

La ley de 1938 llevó las cosas al extremo de que los censores repasaran con detenimiento artículos enviados por el propio gobierno y escritos con pseudónimo por el mismísimo Franco. La sanciones podían llegar por los motivos más variopintos, como la multa que se le puso al semanario Mundo por olvidar conmemorar el cumpleaños de Hitler en 1944. A veces rozaban el esperpento, como cuando el ABC de Sevilla fue multado por un anuncio de Jerez en el que se leía, tras mencionar las maravillas del vino publicitado, «para excelencia, González Byass». Parece un eslogan inocente, pero el censor vio en la palabra excelencia una alusión al Caudillo y la multa fue de 10.000 pesetas de las de 1939.

No fue hasta 1966, cuando aquella ley quedó derogada al promulgarse la célebre Ley de Prensa impulsada por el entonces ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga. Como ministro de Información, Fraga presenta una especie de doble personalidad; por un lado era responsable de la propaganda oficial, y lo demostró dirigiendo la campaña de prensa en defensa del régimen ante el escándalo internacional provocado por el fusilamiento de Julián Grimau o preparando la celebración de los «25 años de paz», lo que puede hacer pensar en un miembro de lo que llamaríamos la línea dura. Sin embargo Fraga fue, junto con Solís Ruiz, el máximo representante del ala «aperturista» del franquismo en oposición a los «inmovilistas». Precisamente su ley de Prensa fue una de las más claras muestras de esa apertura. El proyecto de ley fue aprobado por el gobierno en octubre de 1965, pero la oposición que encontró era tan fuerte (especialmente por parte de Carrero Blanco), que no fue ratificado por las Cortes hasta mayo de 1966. ¿Pero qué tenía aquella ley para que fuese tan temida por los inmovilistas?

Lo que tenía era, precisamente, que sacaba a la prensa del control político. Se dejaba de ejercer la censura previa (salvo si se declaraba el estado de guerra o de excepción) y además la empresa editora tenía libertad para nombrar al director de la publicación. Esto no quiere decir que fuese una ley permisiva: el artículo segundo especificaba los límites, que eran «el respeto a la verdad y a la moral; el acatamiento a la Ley de Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales; las exigencias de la defensa nacional, de la seguridad del Estado y del mantenimiento del orden público». Aunque los límites fuesen tajantes y un tanto difusos, ahora los periodistas podían arriesgarse a tantear hasta dónde podían llegar antes de que les cayera una sanción, que era en sí misma una prueba de la falta de las libertades que en teoría garantizaba la ley.

Aunque la Ley de Prensa no fuera una garantía de libertad de expresión, sí fue lo suficientemente abierta para cobrarse una víctima notable: su impulsor. Todo ocurrió a raíz del caso MATESA, una empresa dedicada a la fabricación y exportación de maquinaria textil que había obtenido mucho dinero en incentivos a la exportación, desgravaciones fiscales y ayudas a la investigación. En agosto de 1969 saltó el escándalo cuando la prensa publicó que gran parte de las exportaciones eran ficticias. El Gobierno tuvo que embargar los bienes de la empresa y encarcelar a su principal accionista a causa del revuelo generado. En realidad tampoco hay que dar por sentado que aquel escándalo fuera un triunfo de la prensa «libre» ya que Manuel Fraga estaba entre quienes podían tener interés en ver debilitarse a los ministros de Hacienda y Comercio, con quienes mantenía diferencias en las luchas de poder entre los distintos sectores del franquismo de la época. Consiguió su objetivo a medias, ya que ambos ministros salieron del gobierno, pero él también fue destituido.

Las razones que apuntaba Carrero Blanco (vicepresidente del gobierno en aquel momento) para la destitución de Fraga se basaban en su deslealtad en el caso MATESA y en algo más: según Carrero quien leyera la prensa de la época sacaría la conclusión de que España era un país «políticamente inmovilista, económicamente monopolista y socialmente injusto» y además añadía: «las librerías están llenas de propaganda comunista y atea». Nada de eso habría ocurrido, naturalmente, de seguir vigente la Ley de Prensa de 1938.

La moraleja de esta historia es que hay que pensarlo dos veces antes de proponer que el Estado controle la prensa. Es posible que una prensa libre se vea controlada por grupos de poder, pero mientras esos grupos sean varios y diferentes, el lector podrá recibir varias versiones de la realidad y componer su propia visión. Y si un sector lo suficientemente numeroso no encuentra unos medios de comunicación satisfactorios siempre podrá intentar fundar el suyo propio o encontrar a quien sí le interese crear un nuevo medio para satisfacer su demanda. Pero bajo una ley como la de 1938, que ponga a los medios bajo control político, sería imposible encontrar una información contraria a los intereses de quienes la manejan. ¿Alguien cree que los casos Roldán, Gurtel, EREs, etc, que tanto han afectado a los políticos, se habrían destapado si los medios de comunicación estuvieran por completo en sus manos?