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La prensa descontrolada

06 domingo Jul 2014

Posted by ibadomar in Historia, Política, Prensa

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Carrero Blanco, Corrupción, España, Fraga, Franquismo, Guerra Civil, Historia, MATESA, Mussolini, Periodismo, Política, Siglo XX

Llevamos unos días ajetreados y todo porque a uno de los miembros de nuestra clase política se le ha ocurrido decir que los medios de comunicación deberían estar bajo control público para impedir que estén en manos del poder económico, en otras palabras, que siendo la prensa órgano decisivo en la formación de la cultura popular no se puede dejar sin control ni admitirse que el periodismo viva al margen del Estado.

Habría que preguntarse cómo sería en la práctica ese control público. Para empezar se debería decidir qué organismo ejerce el control. En última instancia sería un ministerio, pero se necesitaría crear alguna agencia ex profeso. Como el territorio nacional es grande, para descentralizar la tarea se podrían crear sub-agencias de ámbito provincial (por ejemplo, aunque también podría ser autonómico) a las que llamaremos Servicio de Prensa, por encima de las cuales estaría la coordinadora a nivel nacional: el Servicio Nacional de Prensa. Es una estructura lógica: los directores de los medios de comunicación seguirían las directrices de su Servicio de Prensa y para coordinar todos los servicios provinciales estaría el Servicio Nacional de Prensa integrado en el Ministerio. Los directores de los medios de comunicación serían responsables de lo publicado y, puesto que dirigirían lo que se puede considerar un servicio público, su nombramiento sería aprobado por el Ministerio. Para ejercer un control efectivo los periodistas tendrían que tener un carnet y estar registrados en el Servicio Nacional de Prensa.

Quien esté de acuerdo con la idea del control público (es decir, político) de los medios de comunicación supongo que verá estas ideas como una forma coherente de ejercerlo. Pero ¿en qué detalles se esconde el diablo? Pues… en todos. El párrafo anterior es un resumen de la Ley de Prensa promulgada por el general Franco en abril de 1938, es más, las partes que he escrito en cursiva son copia literal de aquella ley, que fue promulgada en plena Guerra Civil y es en algunos aspectos incluso más restrictiva que la ley de Mussolini que la inspiró.

La ley de 1938 tenía aspectos peculiares, como el de hacer que la empresa editora fuera co-responsable de los actos de un director que les había sido impuesto. Un ejemplo de las situaciones a las que daba lugar es el caso del periódico monárquico por excelencia, ABC, que tuvo como director entre 1940 y 1946 a José Losada de la Torre, quien llegó a publicar un artículo antimonárquico, obviamente en contra del criterio del consejo de administración. Lo curioso es que el propio Losada hubo de dimitir finalmente por una queja del ministro de la Gobernación, que estaba furioso porque se hubiera publicado un extracto de un discurso suyo y no el discurso entero.

La ley de 1938 llevó las cosas al extremo de que los censores repasaran con detenimiento artículos enviados por el propio gobierno y escritos con pseudónimo por el mismísimo Franco. La sanciones podían llegar por los motivos más variopintos, como la multa que se le puso al semanario Mundo por olvidar conmemorar el cumpleaños de Hitler en 1944. A veces rozaban el esperpento, como cuando el ABC de Sevilla fue multado por un anuncio de Jerez en el que se leía, tras mencionar las maravillas del vino publicitado, «para excelencia, González Byass». Parece un eslogan inocente, pero el censor vio en la palabra excelencia una alusión al Caudillo y la multa fue de 10.000 pesetas de las de 1939.

No fue hasta 1966, cuando aquella ley quedó derogada al promulgarse la célebre Ley de Prensa impulsada por el entonces ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga. Como ministro de Información, Fraga presenta una especie de doble personalidad; por un lado era responsable de la propaganda oficial, y lo demostró dirigiendo la campaña de prensa en defensa del régimen ante el escándalo internacional provocado por el fusilamiento de Julián Grimau o preparando la celebración de los «25 años de paz», lo que puede hacer pensar en un miembro de lo que llamaríamos la línea dura. Sin embargo Fraga fue, junto con Solís Ruiz, el máximo representante del ala «aperturista» del franquismo en oposición a los «inmovilistas». Precisamente su ley de Prensa fue una de las más claras muestras de esa apertura. El proyecto de ley fue aprobado por el gobierno en octubre de 1965, pero la oposición que encontró era tan fuerte (especialmente por parte de Carrero Blanco), que no fue ratificado por las Cortes hasta mayo de 1966. ¿Pero qué tenía aquella ley para que fuese tan temida por los inmovilistas?

Lo que tenía era, precisamente, que sacaba a la prensa del control político. Se dejaba de ejercer la censura previa (salvo si se declaraba el estado de guerra o de excepción) y además la empresa editora tenía libertad para nombrar al director de la publicación. Esto no quiere decir que fuese una ley permisiva: el artículo segundo especificaba los límites, que eran «el respeto a la verdad y a la moral; el acatamiento a la Ley de Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales; las exigencias de la defensa nacional, de la seguridad del Estado y del mantenimiento del orden público». Aunque los límites fuesen tajantes y un tanto difusos, ahora los periodistas podían arriesgarse a tantear hasta dónde podían llegar antes de que les cayera una sanción, que era en sí misma una prueba de la falta de las libertades que en teoría garantizaba la ley.

Aunque la Ley de Prensa no fuera una garantía de libertad de expresión, sí fue lo suficientemente abierta para cobrarse una víctima notable: su impulsor. Todo ocurrió a raíz del caso MATESA, una empresa dedicada a la fabricación y exportación de maquinaria textil que había obtenido mucho dinero en incentivos a la exportación, desgravaciones fiscales y ayudas a la investigación. En agosto de 1969 saltó el escándalo cuando la prensa publicó que gran parte de las exportaciones eran ficticias. El Gobierno tuvo que embargar los bienes de la empresa y encarcelar a su principal accionista a causa del revuelo generado. En realidad tampoco hay que dar por sentado que aquel escándalo fuera un triunfo de la prensa «libre» ya que Manuel Fraga estaba entre quienes podían tener interés en ver debilitarse a los ministros de Hacienda y Comercio, con quienes mantenía diferencias en las luchas de poder entre los distintos sectores del franquismo de la época. Consiguió su objetivo a medias, ya que ambos ministros salieron del gobierno, pero él también fue destituido.

Las razones que apuntaba Carrero Blanco (vicepresidente del gobierno en aquel momento) para la destitución de Fraga se basaban en su deslealtad en el caso MATESA y en algo más: según Carrero quien leyera la prensa de la época sacaría la conclusión de que España era un país «políticamente inmovilista, económicamente monopolista y socialmente injusto» y además añadía: «las librerías están llenas de propaganda comunista y atea». Nada de eso habría ocurrido, naturalmente, de seguir vigente la Ley de Prensa de 1938.

La moraleja de esta historia es que hay que pensarlo dos veces antes de proponer que el Estado controle la prensa. Es posible que una prensa libre se vea controlada por grupos de poder, pero mientras esos grupos sean varios y diferentes, el lector podrá recibir varias versiones de la realidad y componer su propia visión. Y si un sector lo suficientemente numeroso no encuentra unos medios de comunicación satisfactorios siempre podrá intentar fundar el suyo propio o encontrar a quien sí le interese crear un nuevo medio para satisfacer su demanda. Pero bajo una ley como la de 1938, que ponga a los medios bajo control político, sería imposible encontrar una información contraria a los intereses de quienes la manejan. ¿Alguien cree que los casos Roldán, Gurtel, EREs, etc, que tanto han afectado a los políticos, se habrían destapado si los medios de comunicación estuvieran por completo en sus manos?

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Septiembre de 1714

10 martes Sep 2013

Posted by ibadomar in Historia

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Almansa, Archiduque Carlos, Carlos II, Edad Moderna, España, Felipe IV, Felipe V, Gibraltar, Guerra de Sucesión, Historia, Luis XIV, Siglo XVIII, Tratado de Utrech

El lema que preside este blog, Somos lo que somos porque fuimos lo que fuimos, lo tomé de un profesor que tuve cuando yo tenía entre 12 y 14 años y que también me enseñó a desconfiar de los medios de comunicación. Solía decir que no hay argumento más débil que un “esto es cierto porque lo dice la tele, y si lo dice la tele es verdad”. Con el tiempo he visto que tenía razón en ambas cosas.

Todos los años por estas fechas tengo ocasión de comprobarlo con motivo de la conmemoración del fin del asedio de Barcelona, que concluyó con la toma de la ciudad por las tropas de Felipe V el día 11 de septiembre de 1714. La efeméride ha terminado por convertirse en una exaltación de determinadas suposiciones más cercanas a la fantasía que a la Historia. Los acontecimientos de la época son, como suele ocurrir, mucho más complejos que la imagen distorsionada que a menudo se transmite para justificar un programa político.

El origen de aquellos hechos se sitúa muchos años atrás. El último de los reyes Habsburgo que tuvo España, Carlos II, era, por decirlo crudamente, una desgracia humana. Débil de cuerpo, mente y espíritu, ni siquiera fue capaz de cumplir con el primer deber de un monarca de la época: aportar un heredero al trono. Estaba tan claro el futuro problema sucesorio que el rey tenía apenas 7 años cuando se firmó el primer tratado de reparto de las posesiones españolas.

Europe,_1700_-_1714Mapa tomado de Wikimedia

El pastel era enorme: por un lado las posesiones europeas que vemos en el mapa (Península, Baleares, Sicilia, Cerdeña, Nápoles, Milanesado, Países Bajos españoles….) unidas al inmenso imperio de ultramar. En cuanto a los pretendientes, que contaban con que Carlos II moriría sin descendencia, eran Luis XIV de Francia y Leopoldo I del Sacro Imperio Romano Germánico, que estaban casados con sendas hijas de Felipe IV, las infantas María Teresa y Margarita Teresa respectivamente. Carlos II aún viviría hasta casi cumplir los 39 años, pero el pastel y los comensales seguían siendo los mismos a su muerte en 1700. Para entonces el viejo tratado de reparto había sido sustituido por otros dos.

Por su parte, Carlos II dejó un testamento nombrando heredero al duque Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV, al que exhortaba a no permitir la pérdida de ninguno de los territorios. La idea era conseguir así el apoyo de Francia, la gran potencia del momento, puesto que España por sí misma no podía garantizar una posición lo bastante fuerte como para mantener la integridad territorial. Luis XIV aceptó su papel de protector, pero eso suponía romper el acuerdo de reparto y por tanto una muy probable guerra.

Felipe de Anjou llegó a Madrid en 1701, a los 17 años, para ser coronado rey con el nombre de Felipe V. No despertó entusiasmo, pero tampoco oposición. Aparentemente el nuevo rey estaba dispuesto a mantener la situación anterior y una muestra es su confirmación de los fueros catalanes en octubre de aquel año. Sin embargo la actitud de Luis XIV, que influía enormemente en su nieto consiguiendo ventajas para Francia como el monopolio del comercio de esclavos con las Indias, terminó por provocar una guerra generalizada en Europa. Naciones como Inglaterra y Holanda no podían sino alarmarse al imaginar al agresivo Luis XIV respaldado por la plata de América. Así que en mayo de 1702 Inglaterra, Holanda y Austria declaran la guerra a Francia y España en apoyo de los derechos al trono español del archiduque Carlos, hijo del difunto emperador Leopoldo I y hermano del emperador José I. Portugal se unió a la alianza en 1703 a cambio de promesas de expansión territorial en Extremadura, Galicia y el río de la Plata.

Al principio la guerra se libró en suelo italiano y alemán, con las armas francesas soportando todo el esfuerzo bélico francoespañol, ya que España había dejado de ser la gran potencia del siglo anterior. Eso sí, los gastos de guerra se sufragaban con la plata americana, cuya mayor parte se enviaba en secreto a Luis XIV. La decadencia española afectaba también al poderío marítimo y por esto la guerra llegó a la Península en 1704 en forma de ataque naval angloholandés contra Cádiz. La incursión pretendía provocar una sublevación en Andalucía, pero no sólo fracasó, sino que la brutalidad del saqueo del Puerto de Santa María anularía definitivamente la causa del archiduque Carlos en la región. Aquel mismo año los ingleses tomaron Gibraltar, mientras se creaba desde Portugal un frente terrestre que amenazaba la sede del trono español. España comenzó su adaptación a la guerra en su territorio con la creación del regimiento como unidad básica del ejército en sustitución del tercio, que había dominado los campos de batalla europeos durante casi dos siglos. Todo un símbolo del cambio de los tiempos.

La denominada Gran Alianza había fracasado en su ataque atlántico, pero al año siguiente, en 1705 probaron suerte en el Mediterráneo aprovechando la rebelión social en Valencia, que les proporcionó una base desde la que atacar Barcelona, donde el virrey claudicó rápidamente. Zaragoza caería en 1706 mientras, por el oeste, Alcántara, Ciudad Rodrigo y Salamanca claudicaban a su vez. Los aliados llegaron a entrar en Madrid en junio de 1706, lo que sumado a las derrotas en Europa mostraba un panorama sombrío para Felipe V.

Llegados aquí hay que hacer precisiones sobre los motivos para unirse a uno u otro bando. En Valencia, la rebelión era una revuelta social similar a otra ocurrida en 1693, y de hecho uno de los líderes de entonces desembarcó con las tropas del archiduque en 1705. Pero los desfavorecidos que se alzaban contra el poder no tenían demasiado interés en quién se llevaba la corona, habida cuenta de que el rey sólo tenía jurisdicción en 76 ciudades, siendo la nobleza y el clero quienes dominaban el resto, más de 300, que estaban bajo jurisdicción señorial.

En el caso de Cataluña, la alta nobleza y el pueblo llano no tenían interés en rebelarse contra Felipe V, que por su parte no sólo había confirmado los fueros en 1701, sino que también había prometido la creación de una compañía marítima y el acceso, con dos barcos anuales, al comercio americano, pero la élite comercial no creía que Felipe V tuviera poder en la práctica para romper el monopolio comercial de Castilla en América. Por otro lado, el recuerdo del papel de Francia durante la rebelión de 1640 a 1652 actuaba en contra de un monarca Borbón. No había que engañarse, porque tan absolutista era Carlos como Felipe, pero con la guerra a las puertas había que tomar partido y los comerciantes optaron por apostar al que parecía ganador de entre los dos pretendientes. Aun así la relación tuvo frecuentes altibajos, ya que Carlos necesitaba dinero mientras la élite comercial catalana quería a cambio privilegios mercantiles que el archiduque no podía conceder mientras no dominara el comercio atlántico.

Si en Cataluña había desconfianza hacia el bando al que pertenecía Francia, lo mismo ocurría en Castilla con la alianza en la que figuraba Portugal, eterno rival en ultramar y tradicional aliado del sempiterno enemigo inglés. A eso se añadían las acciones ocurridas durante el ataque a Cádiz y el hecho de que, después de todo, Felipe V era el heredero legítimo según el testamento del difunto Carlos II. Aun así el apoyo no era unánime, ni siquiera entre la alta nobleza. Hubo quien apoyó al archiduque y quien adoptó una actitud ambigua a la espera de vislumbrar quién sería el ganador. Valga como muestra el que la actitud ante la guerra hizo caer en desgracia a cuatro de los doce grandes de España. Cuando la situación se puso realmente difícil, el Rey no acudió a los grandes sino al apoyo popular, que ganó en buena medida gracias al impulso propagandístico del bajo clero (el alto clero cuenta como nobleza y era más ambiguo), que no podía sino condenar una alianza que incluía a potencias protestantes como Inglaterra y Holanda.

Felipe V consiguió así nuevos reclutamientos que sirvieron para darle un respiro y recuperar Madrid, mientras le llegaba la noticia del fracaso de la rebelión valenciana. Su principal triunfo del momento es la batalla de Almansa en 1707 y la recuperación de Zaragoza y Valencia. Sólo entonces se decide Felipe V, en junio de 1707, a suprimir los fueros regionales, medida que le permite incrementar su control sobre las regiones de Aragón y Valencia, que ya ha recuperado, a costa de aumentar las reticencias en Cataluña, que aún está bajo dominio del archiduque Carlos.

Pese a estos hechos, la guerra era tan favorable a la causa Habsburgo en los campos de batalla europeos que hasta el papa Clemente XI reconocía a Carlos III de Habsburgo como rey de España. En 1709 Luis XIV estaba dispuesto a negociar la paz, pero las condiciones que pretendían imponer los miembros de la Gran Alianza eran imposibles de aceptar por Felipe V y la guerra continuó. Y justo entonces todo cambió de golpe por puro azar.

En abril de 1711 murió de viruela el emperador José I a los 32 años. Su hermano, el archiduque Carlos, se encontró por sorpresa con el imperio mientras sus aliados perdían el entusiasmo por la causa española, puesto que si juzgaban malo que España y su imperio estuvieran ligados por lazos de familia con Francia, la idea de tener a un nuevo Carlos V ocupando el trono de España y sus inmensas posesiones a la vez que dominaba el reino de los Austrias y el Sacro Imperio era como para echarse a temblar. De pronto quienes querían negociar la paz eran los miembros de la Gran Alianza.

Así se llegó a la firma del tratado de Utrech en abril de 1713, que dejó a Felipe V como rey de España y de las Indias, aunque renunciaba a cualquier pretensión al trono de Francia y cedía sus posesiones europeas, que quedaron en su mayoría bajo dominio Habsburgo. Inglaterra se quedó con Menorca, que había ocupado en 1708, y Gibraltar. Además consiguió el permiso de usar un barco anualmente para comerciar con la América española y el asiento de negros (es decir el comercio de esclavos que antes tenía Francia).

Quedaba por aclarar la situación del territorio español aún controlado por el nuevo emperador. A sus habitantes les aguardaba la imposición de nuevas leyes, pero las potencias extranjeras no iban a batallar por los fueros catalanes, de origen medieval y desfasados en el siglo del absolutismo. De pronto, los que en 1710 parecían haber apostado por un claro ganador, en 1714 se encontraban con el estigma de ser rebeldes contra el legítimo rey. Con este panorama es difícil comprender que las instituciones catalanas votaran por proseguir la guerra, cuando sólo podían aspirar a que la derrota fuera lo menos traumática posible. Fue una suicida huida hacia adelante que sólo serviría para que, tras la caída de Barcelona, la represión fuera más dura. Ni el alto clero, ni la alta nobleza, ni los campesinos tenían interés en proseguir aquella guerra, pero la decisión salió adelante impulsada por la baja nobleza comercial.

Con el fin de la guerra llegó por tanto el de la Corona de Aragón, mientras se resquebrajaba el monopolio comercial de Castilla con América. La Nueva Planta, por traumática que pareciera, respondía a una lógica que imponía una única ley para todos los territorios de la Corona. Paradójicamente, entre los grandes beneficiados estaban los comerciantes que tanto se oponían a ella, porque la supresión de aduanas internas estimulaba el comercio entre territorios. La nueva situación sirvió además para que a la larga se cumplieran las promesas que había hecho Felipe V, puesto que sí se creó una compañía comercial, la Compañía de Barcelona fundada en 1755, para impulsar el comercio catalán en América. En la década de 1770 el 64% de las exportaciones catalanas iban a América y en el año 1778 el 11% de las exportaciones españolas a América salían de puertos catalanes, situación inconcebible durante la monarquía de los Habsburgo, cuando el comercio atlántico era un monopolio de la Corona de Castilla.

Todo ello me hace pensar que aquel profesor tenía razón cuando decía que somos producto de nuestro pasado: si Felipe V se hubiese dado por vencido en 1710 la Historia de toda Europa habría sido distinta. En cuanto a las «versiones oficiales», en los acontecimientos no se ven intentos de secesión sino de imponer cada cual a su candidato al trono. Por algo aquella guerra se conoce como de Sucesión. Con u.

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La transición fallida de 1931

14 sábado Abr 2012

Posted by ibadomar in Historia

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Alcalá Zamora, Alfonso XIII, Azaña, Constitucion, España, Historia, Largo Caballero, Miguel Maura, Primo de Rivera, Queipo de Llano, Segunda República, Transición

Hoy me voy a meter en camisa de once varas, me temo. Porque no falla: llega el 14 de abril y surge una oleada de fervientes republicanos desplegando una retahíla de tópicos. Y sin embargo si la II República fue un experimento fallido fue en buena medida porque aquéllos que supuestamente eran republicanos, y a los que hoy se mitifica, en realidad no aceptaban el concepto de República como un régimen plenamente democrático en el que los ciudadanos tuvieran la última palabra. Es un tema muy complejo y no será fácil resumirlo, pero vamos allá.

En primer lugar no hay que olvidar que la República llegó en el peor momento posible. En 1931 la idea de democracia no era tan comúnmente aceptada como hoy. Estaban en boga ideologías que la consideraban como un sistema decadente y si por un extremo nazis y fascistas (palabras que entonces eran descriptivas y no peyorativas) consideraban que los ciudadanos debían someterse a la voluntad de un líder preclaro, por el otro socialistas y comunistas consideraban que la democracia burguesa era como mucho un estado transitorio previo a la cercana llegada de la dictadura del proletariado. No era el mejor ambiente para el consenso, como se ve.

Sin embargo la situación, paradójicamente, llevó al entendimiento. Primo de Rivera había puesto fin, como ya vimos en el artículo La transición fallida de 1875, a un régimen anquilosado hasta la parálisis, pero aunque sus acciones de gobierno parecen bientencionadas, no pasó, en el mejor de los casos, de instaurar un régimen paternalista muy alejado de las aspiraciones de buena parte del país. Dimitió a principios de 1930, pero para entonces ya estaba cuajando la idea de que las reformas necesarias requerían un cambio estructural que pasaba por eliminar la monarquía. Varios grupos políticos suscribieron el llamado Pacto de San Sebastián, a favor de una república, e incluso dirigentes conservadores como Alcalá Zamora y Miguel Maura se integraban junto a republicanos como Azaña o socialistas como Largo Caballero en el Gobierno Provisional de una República que aún no se había proclamado. Los aires revolucionarios llegaban hasta el Ejército con una insurrección en la que participaron personajes como Queipo de Llano, que intentaba en 1930 colaborar en la instauración de una república que, paradójicamente, él mismo ayudaría muy activamente a destruir en 1936.

Alfonso XIII intentó tantear el terreno con la convocatoria de elecciones municipales, a celebrar el 12 de abril de 1931. Los primeros resultados dieron por vencedores a candidatos republicanos, pero aquí empiezan las anomalías porque el recuento jamás se terminó. La exaltación republicana creció y el 14 de abril por la mañana el rey ofrecía la posibilidad de convocar Cortes Constituyentes, pero para entonces era evidente que la monarquía no contaba con apoyos. Aquella misma noche Alfonso XIII partió hacia el exilio.

El Gobierno Provisional abordó de inmediato algunas cuestiones de urgencia, como la reforma militar, emprendida por Azaña como ministro de la Guerra, o la situación de los jornaleros agrícolas, de la que se ocupó Largo Caballero como ministro de Trabajo. Pero la transición no iba a ser tan pacífica como se esperaba y no había transcurrido ni siquiera un mes desde la proclamación de la República cuando en Madrid se produjo un asalto al periódico ABC con violenta respuesta de la Guardia Civil y finalmente una asonada en la que algunos anticlericales se lanzaron a quemar conventos. El gobierno necesitó proclamar el estado de guerra para poner fin a las algaradas. Mal presagio para un régimen que ni siquiera contaba aún con una Constitución.

Las elecciones a Cortes Constituyentes tuvieron lugar el 28 de junio y el resultado fue muy complejo, como era de esperar en un régimen aún en construcción. Aunque se consolidó la amplia coalición gubernamental no hubo un ganador claro por lo que finalmente se alcanzó la solución de compromiso de continuar con el gobierno existente. Como curiosidad hay que decir que el Partido Comunista, opuesto a la «república burguesa», no consiguió ningún escaño, lo que es llamativo conociendo el auge que conseguiría tras comenzar la Guerra Civil 5 años después.

Fueron las Cortes Constituyentes las que demostraron que el consenso conseguido un año antes se evaporaba, puesto que se produjo una polarización que destacó las discrepancias por encima de los acuerdos. Puede que el ejemplo más emblemático sea el de la siempre candente cuestión religiosa, en el que los debates fueron enconados y se defendían posturas difícilmente admisibles en una democracia liberal como la disolución de todas las órdenes religiosas (al final sólo se decidió la de los jesuitas, cuyas disoluciones y expulsiones a lo largo de la Historia merecen un artículo para ellos solos). El claro vencedor de estos debates fue Azaña, que aunque logró moderar algunas posturas muy radicales, paradójicamente quedó encasillado como representante del anticlericalismo.

La cuestión religiosa llevó a la dimisión de los conservadores Alcalá Zamora y Maura y aquí surge una reflexión: el apoyo de estos líderes a la República debió de servir para que muchos conservadores católicos, sector muy numeroso, superaran sus reticencias ante el nuevo régimen, pero con esta dimisión ¿cuántos de ellos recuperarían su desconfianza en la República? Las Cortes habían cometido el error de dirimir en la Constitución cuestiones en los que no había consenso y con ello se daba rango constitucional a asuntos que encajaban con la mayoría parlamentaria del momento, pero que podían ser problemáticos tan pronto como se convocaran nuevas elecciones. Quizás por eso los «padres de la patria» decidieron no someter la Constitución a referéndum ni disolver las Cortes para que hubiera nuevas elecciones y se pudiera determinar con cuánto apoyo popular contaba realmente la nueva Constitución. La Transición de 1931 empezaba a mostrar sus limitaciones.

Al dimitir Alcalá Zamora llegó Azaña a la presidencia de un gobierno decidido a reformar la sociedad. Pero no se pueden acometer reformas sin pisar algunos callos y el nuevo gobierno iba a pisar muchos y todos a la vez. La Constitución prohibía a las órdenes religiosas la actividad educativa, lo que no sólo disgustó a las familias católicas y a los enseñantes religiosos, sino que hacía necesaria una inversión brutal en educación para lograr el objetivo, inalcanzable en la realidad, de que los religiosos cesaran completamente en su actividad educativa el 31 de diciembre de 1933. Para esa fecha ya había otro gobierno, por lo que la Ley de Congregaciones no se aplicó, y en la práctica sólo había conseguido generar un sentimiento antirrepublicano en una parte importante de la sociedad y deteriorar las relaciones entre Iglesia y Estado sin lograr nada a cambio. Las reformas militares eran necesarias para que el Ejército se integrara como parte de la sociedad y no fuera una casta aparte, pero necesitaban tiempo para cuajar y a corto plazo aumentaron la impopularidad del gobierno en los cuarteles. La reforma agraria era fundamental, pero chocaba con intereses poderosos en un momento de crisis ecónomica y a menudo las medidas destinadas a mejorar la situación de los jornaleros no sólo perjudicaban a los latifundistas sino también a labradores propietarios de pequeñas fincas que difícilmente podían sufragar el aumento de los jornales. En conjunto eran demasiadas cuestiones para abordarlas al mismo tiempo y al abrir tantos frentes simultáneamente la República empezaba a grangearse enemigos muy peligrosos.

Mientras tanto la conflictividad social no cedía, alimentada por quienes consideraban que la destrucción del sistema era el paso previo a la construcción de una nueva sociedad, tendencia que se vio abanderada por la CNT, que protagonizó varias insurrecciones que generaron una espiral de violencia que contribuiría a la caída del Gobierno. La consecuencia fue la convocatoria de nuevas elecciones en 1933, en las que se produjeron dos hechos fundamentales: por un lado el éxito de fuerzas no comprometidas con la República y por otro la negativa de la izquierda a acatar plenamente los resultados electorales.

En apenas dos años de régimen republicano las posturas se habían radicalizado hasta el extremo de que el propio ministro de Trabajo, Largo Caballero, decía que «es imposible realizar una tarea socialista en el seno de una democracia burguesa». Los mismos que habían hecho posible la República empezaban a soñar con su destrucción. El fin no llegaría hasta 1936, pero si a los enemigos externos se une la falta de compromiso de quienes debían apuntalar el sistema podemos llegar a la conclusión de que el fin de la República tiene causas muy profundas que nacen de una transición fallida. Una más.

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