No sé si todo el mundo percibiría lo mismo que yo, pero a mí me pareció que las elecciones generales del pasado 20 de noviembre se celebraban en un ambiente de desencanto. No creo que sea yo el único porque es sabido que los ciudadanos consideran que los políticos son una plaga para el país y uno de los lemas más celebrados del movimiento llamado 15M es «No nos representan». Las críticas se centran en las listas electorales cerradas y bloqueadas y el empleo de la Ley D’Hont, pero este sistema electoral no surgió por azar y para comprender su existencia hemos de retroceder a los años de la Transición.

Era un momento de incertidumbre, en el que los ciudadanos con derecho a voto iban a verse por primera vez con la posibilidad de participar en unas elecciones libres, pero ¿qué saldría de las urnas? En pleno cambio de modelo político, era deseable que el resultado no añadiera más inestabilidad de la que ya había, así que se optó por un modelo en el que los partidos políticos más grandes fuesen tutores del sistema electoral. Con unas listas cerradas y bloqueadas el ciudadano tenía poder de elección, pero no tanto como para provocar resultados de gran complejidad. Se quería evitar a toda costa una situación a la italiana, de gobiernos de poca duración, coaliciones complejas de hasta cinco partidos y gran peso del Partido Comunista. Recordemos que en plena guerra fría los partidos comunistas europeos estaban muy influidos, cuando no directamente manejados, por la Unión Soviética.

No parecía muy sensato llevar a un país recién salido de una larga dictadura militar marcadamente anticomunista a una situación de inestabilidad en la que la clave para sostener o derribar un gobierno la pudieran tener el Partido Comunista o una coalición precaria de partidos recientemente formados con unos diputados con mucho entusiasmo y ninguna experiencia. Un panorama demasiado tentador para una intentona totalitaria; así que se optó por un sistema democrático devaluado, en el que la ciudadanía opina, pero donde el poder real lo tienen los partidos políticos, que sitúan en el Parlamento a quien les conviene. ¿O alguien duda de que si un partido grande pone a alguien como número cinco en la lista por Madrid, esta persona obtendrá escaño aunque se trate de un completo desconocido sin mérito ni experiencia?

Puede que en 1978 esta solución fuese la menos mala, pero debería haberse tratado de un arreglo provisional, que se ha convertido en duradero porque los únicos que pueden cambiarlo son los grandes beneficiados. El sistema se enfrenta así a una crisis de credibilidad y a una progresiva parálisis. Algo que no era fácil prever en 1978… y eso que había precedentes.

El sistema de la Restauración.

En 1875 la situación era complicada. La caída de Isabel II en 1868 trajo una gran inestabilidad política. Cuando por fin se encontró a un rey adecuado en la persona de Amadeo de Saboya, éste fue tan mal recibido por casi todas las facciones políticas que renunció cuando apenas llevaba dos años de reinado; la Primera República tampoco trajo tranquilidad sino todo lo contrario puesto que a la guerra carlista se añadió el levantamiento cantonal. Finalmente el regreso de los Borbones, en la persona de Alfonso XII, sí inauguró un periodo de estabilidad bajo el sistema construido por Antonio Cánovas del Castillo, que conocemos como la Restauración.

El problema era similar al que existiría 100 años después: la falta de un electorado independiente. Castelar lo expresó con rotundidad: «No tenemos cuerpo electoral» y en el mismo sentido se manifestaban Alonso Martínez o el mismo Cánovas; así que se optó por un sistema en el que hubiera elecciones, pero sin que fuesen determinantes. El procedimiento era el contrario del habitual: el rey no nombraba como jefe de gobierno a quien más votos conseguía sino que la alternancia política ya estaba pactada de antemano y cuando un gobierno estaba desgastado el rey nombraba a un nuevo presidente, que disolvía las Cortes y convocaba unas elecciones en las que los resultados siempre le daban una mayoría cómoda. Para conseguir esto el fraude electoral era moneda corriente: caciquismo, pucherazos y el sistema del encasillado, por el que el ministro de Gobernación colocaba en las casillas correspondientes a cada distrito los nombres de aquellos candidatos que los partidos habían pactado que debían ser elegidos. Era un sistema corrupto, pero que consiguió una estabilidad que era muy necesaria, sin los clásicos pronunciamientos que habían marcado la política del siglo, y que inauguró una nueva época más próspera y en la que se avanzó en la modernidad. Si hubiese sido un sistema provisional que hubiese sido sustituido en unos años por otro realmente representativo podría haber constituido un acierto, pero se convirtió en un sistema duradero.

Cuando Alfonso XIII comenzó su reinado efectivo en 1902 el sistema ya empezaba a dar signos de parálisis. Tras la desaparición de sus primeros líderes, los dos grandes partidos estaban fragmentados en diferentes facciones, pero además el Ministerio de Gobernación ya no dominaba totalmente todos los distritos, sino que en muchos de ellos los caciques habían ganado tanta influencia como para renovar su escaño independientemente del gobierno en el poder. El deterioro del sistema dio algo de sentido a las elecciones, puesto que ya el Ministerio no dominaba completamente los resultados, pero la corrupción continuó en forma, por ejemplo, de compra de votos.

Hubo intentos de reforma, como la célebre «revolución desde arriba» de Antonio Maura o el proyecto de Canalejas, que pasaba por regenerar antes la sociedad al juzgar imposible la regeneración política sin un previo cambio cultural y social, pero ninguno de estos planes cuajó. A partir de 1913 en ambos partidos aparecieron ya no facciones, sino auténticas escisiones mientras surgían nuevas fuerzas políticas, que aumentaban la complejidad en un sistema pensado para dos únicos partidos.

A la complejidad política, con gobiernos efímeros de los que alguno llegó a durar apenas un mes, se añadía la social. La Primera Guerra Mundial causó una aparente prosperidad, al convertirse la neutral España en abastecedor de los contendientes, pero los grandes beneficios empresariales contrastaron con el descenso del nivel de vida de la clase obrera, al subir los precios mucho más que los salarios. El intento de Santiago Alba de introducir un impuesto sobre beneficios extraordinarios fracasó por la oposición de los sectores empresariales, principalmente vascos y catalanes, y sólo consiguió potenciar los sentimientos nacionalistas periféricos. Para remate, la guerra en Marruecos llevó al desastre de Anual en 1921.

El sistema que había puesto fin a los pronunciamientos militares cayó en 1923 por un golpe de Estado que no encontró oposición ni del gobierno ni del rey ni de la población. Es significativo que ni siquiera los partidos socialistas y republicanos protestaran. La falta de vitalidad de la democracia devaluada surgida de la Transición de 1875 moría víctima de su propia falta de credibilidad. ¿Cuánto le durará el crédito a la de 1978?