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Vivimos tiempos convulsos. En apenas tres o cuatro años nuestra percepción del mundo ha cambiado: ¿Cuántos de los que pedían una hipoteca en el 2008 la pedirían ahora? ¿En qué banco se la concederían? ¿Queda alguien que crea que está a salvo de la crisis que hace apenas tres años se negaba? La situación es difícil y eso implica cambios, cambios a veces profundos que definirán la forma de nuestra sociedad, haciéndola diferente de la que conocemos y transformándola en algo nuevo que nunca hemos visto… ¿o tal vez sí?

En el último año hemos asistido a noticias que hacen pensar que el mundo de las relaciones laborales está experimentando una compleja transformación. Un día podemos leer que se impondrá en las negociaciones laborales el arbitraje obligatorio, puesto que la negociación convencional acompañada de las clásicas medidas de presión ya no es deseable al parecer. Otro día vemos que en Italia la FIAT considera sus convenios como nulos a partir del 1 de Enero, puesto que los considera obsoletos e ineficaces. El que el gobierno español decidiera hace un año utilizar al ejército contra un colectivo (al que dicho sea de paso pertenezco, aclaración necesaria para los suspicaces) y decretara un estado de alarma ¿o era de excepción? también es significativo. Las relaciones laborales están cambiando, sí pero ¿de verdad no hemos visto todo esto antes?

El Rocco al que hace referencia el título del artículo es Alfredo Rocco, ministro de Justicia de Italia entre 1925 y 1932, en plena época fascista. Su nombre está asociado a la ley de relaciones laborales de 1926, conocida como Ley Rocco, que establecía el monopolio de los sindicatos fascistas y prohibía tanto las huelgas como los cierres patronales. En realidad el terreno ya venía preparado por el pacto del palacio Vidoni, firmado en 1925, por el que los grandes industriales italianos reconocían a los sindicatos fascistas como únicos representantes de los trabajadores. En 1927 la Italia de Mussolini promulgó la Carta del Lavoro, ley que regulaba las condiciones de trabajo y que, entre otras cosas, establece que los conflictos laborales serán regulados por una Magistratura de Trabajo, es decir por un procedimiento de arbitraje obligatorio.

La Carta del Lavoro es un documento que tiene mucho interés para los interesados en la Historia reciente de España porque en ella se inspira el Fuero del Trabajo de 1938. Esta ley, que forma parte del conjunto conocido como Leyes Fundamentales del Reino, fue durante 40 años la norma suprema en lo referente a las relaciones laborales en España. La organización franquista de la sociedad da un papel preeminente al sindicato vertical, que agrupa a patronos y obreros consiguiendo, en teoría, superar las discordancias entre ambos estamentos.

En la práctica los trabajadores estaban claramente subordinados y la muestra más clara lo constituyen las elecciones sindicales de 1966. El dirigente franquista José Solís intentó, quizás ingenuamente, aglutinar a los trabajadores alrededor de la OSE (Organización Sindical Española). Para las elecciones sindicales de aquel año, que se pretendió que fueran limpias, se estimuló la participación bajo el lema “votar al mejor”. La participación fue efectivamente muy alta, pero los delegados sindicales elegidos no se distinguían precisamente por su sumisión. Aquel experimento de “democracia sindical” no se repitió y dejó claro que los trabajadores no se sentían representados por el sindicalismo vertical.

El sindicato, por tanto, no servía para resolver los conflictos laborales, pero éstos seguían presentes. Aparece entonces un esquema de actuación que se repite monótonamente en varias ocasiones durante la era franquista: ante un conflicto laboral se declara una huelga, pero al estar las huelgas terminantemente prohibidas por ley el gobierno no se enfrenta a ellas como problema laboral sino como problema de orden público. Se inicia entonces una acción represiva que desencadena más huelgas en solidaridad con los trabajadores represaliados. La espiral crece y culmina con la declaración del estado de excepción en una parte del territorio, lo que implica la anulación de los derechos otorgados por el Fuero de los Españoles. El caso más espectacular es el de 1969, cuando el estado de excepción se decreta en toda España.

Estamos ya en el siglo XXI y hoy la huelga se valora como un derecho; se considera que no es la imposición de un tercero sino la negociación entre empresarios y trabajadores la vía para la resolución de los conflictos laborales y la suspensión de derechos es impensable en el marco de la Constitución del 78… ¿o no es así? Alfredo Rocco murió en 1935, pero al parecer sus hermanos siguen vivos. Y han vuelto.

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