Hoy me voy a meter en camisa de once varas, me temo. Porque no falla: llega el 14 de abril y surge una oleada de fervientes republicanos desplegando una retahíla de tópicos. Y sin embargo si la II República fue un experimento fallido fue en buena medida porque aquéllos que supuestamente eran republicanos, y a los que hoy se mitifica, en realidad no aceptaban el concepto de República como un régimen plenamente democrático en el que los ciudadanos tuvieran la última palabra. Es un tema muy complejo y no será fácil resumirlo, pero vamos allá.

En primer lugar no hay que olvidar que la República llegó en el peor momento posible. En 1931 la idea de democracia no era tan comúnmente aceptada como hoy. Estaban en boga ideologías que la consideraban como un sistema decadente y si por un extremo nazis y fascistas (palabras que entonces eran descriptivas y no peyorativas) consideraban que los ciudadanos debían someterse a la voluntad de un líder preclaro, por el otro socialistas y comunistas consideraban que la democracia burguesa era como mucho un estado transitorio previo a la cercana llegada de la dictadura del proletariado. No era el mejor ambiente para el consenso, como se ve.

Sin embargo la situación, paradójicamente, llevó al entendimiento. Primo de Rivera había puesto fin, como ya vimos en el artículo La transición fallida de 1875, a un régimen anquilosado hasta la parálisis, pero aunque sus acciones de gobierno parecen bientencionadas, no pasó, en el mejor de los casos, de instaurar un régimen paternalista muy alejado de las aspiraciones de buena parte del país. Dimitió a principios de 1930, pero para entonces ya estaba cuajando la idea de que las reformas necesarias requerían un cambio estructural que pasaba por eliminar la monarquía. Varios grupos políticos suscribieron el llamado Pacto de San Sebastián, a favor de una república, e incluso dirigentes conservadores como Alcalá Zamora y Miguel Maura se integraban junto a republicanos como Azaña o socialistas como Largo Caballero en el Gobierno Provisional de una República que aún no se había proclamado. Los aires revolucionarios llegaban hasta el Ejército con una insurrección en la que participaron personajes como Queipo de Llano, que intentaba en 1930 colaborar en la instauración de una república que, paradójicamente, él mismo ayudaría muy activamente a destruir en 1936.

Alfonso XIII intentó tantear el terreno con la convocatoria de elecciones municipales, a celebrar el 12 de abril de 1931. Los primeros resultados dieron por vencedores a candidatos republicanos, pero aquí empiezan las anomalías porque el recuento jamás se terminó. La exaltación republicana creció y el 14 de abril por la mañana el rey ofrecía la posibilidad de convocar Cortes Constituyentes, pero para entonces era evidente que la monarquía no contaba con apoyos. Aquella misma noche Alfonso XIII partió hacia el exilio.

El Gobierno Provisional abordó de inmediato algunas cuestiones de urgencia, como la reforma militar, emprendida por Azaña como ministro de la Guerra, o la situación de los jornaleros agrícolas, de la que se ocupó Largo Caballero como ministro de Trabajo. Pero la transición no iba a ser tan pacífica como se esperaba y no había transcurrido ni siquiera un mes desde la proclamación de la República cuando en Madrid se produjo un asalto al periódico ABC con violenta respuesta de la Guardia Civil y finalmente una asonada en la que algunos anticlericales se lanzaron a quemar conventos. El gobierno necesitó proclamar el estado de guerra para poner fin a las algaradas. Mal presagio para un régimen que ni siquiera contaba aún con una Constitución.

Las elecciones a Cortes Constituyentes tuvieron lugar el 28 de junio y el resultado fue muy complejo, como era de esperar en un régimen aún en construcción. Aunque se consolidó la amplia coalición gubernamental no hubo un ganador claro por lo que finalmente se alcanzó la solución de compromiso de continuar con el gobierno existente. Como curiosidad hay que decir que el Partido Comunista, opuesto a la «república burguesa», no consiguió ningún escaño, lo que es llamativo conociendo el auge que conseguiría tras comenzar la Guerra Civil 5 años después.

Fueron las Cortes Constituyentes las que demostraron que el consenso conseguido un año antes se evaporaba, puesto que se produjo una polarización que destacó las discrepancias por encima de los acuerdos. Puede que el ejemplo más emblemático sea el de la siempre candente cuestión religiosa, en el que los debates fueron enconados y se defendían posturas difícilmente admisibles en una democracia liberal como la disolución de todas las órdenes religiosas (al final sólo se decidió la de los jesuitas, cuyas disoluciones y expulsiones a lo largo de la Historia merecen un artículo para ellos solos). El claro vencedor de estos debates fue Azaña, que aunque logró moderar algunas posturas muy radicales, paradójicamente quedó encasillado como representante del anticlericalismo.

La cuestión religiosa llevó a la dimisión de los conservadores Alcalá Zamora y Maura y aquí surge una reflexión: el apoyo de estos líderes a la República debió de servir para que muchos conservadores católicos, sector muy numeroso, superaran sus reticencias ante el nuevo régimen, pero con esta dimisión ¿cuántos de ellos recuperarían su desconfianza en la República? Las Cortes habían cometido el error de dirimir en la Constitución cuestiones en los que no había consenso y con ello se daba rango constitucional a asuntos que encajaban con la mayoría parlamentaria del momento, pero que podían ser problemáticos tan pronto como se convocaran nuevas elecciones. Quizás por eso los «padres de la patria» decidieron no someter la Constitución a referéndum ni disolver las Cortes para que hubiera nuevas elecciones y se pudiera determinar con cuánto apoyo popular contaba realmente la nueva Constitución. La Transición de 1931 empezaba a mostrar sus limitaciones.

Al dimitir Alcalá Zamora llegó Azaña a la presidencia de un gobierno decidido a reformar la sociedad. Pero no se pueden acometer reformas sin pisar algunos callos y el nuevo gobierno iba a pisar muchos y todos a la vez. La Constitución prohibía a las órdenes religiosas la actividad educativa, lo que no sólo disgustó a las familias católicas y a los enseñantes religiosos, sino que hacía necesaria una inversión brutal en educación para lograr el objetivo, inalcanzable en la realidad, de que los religiosos cesaran completamente en su actividad educativa el 31 de diciembre de 1933. Para esa fecha ya había otro gobierno, por lo que la Ley de Congregaciones no se aplicó, y en la práctica sólo había conseguido generar un sentimiento antirrepublicano en una parte importante de la sociedad y deteriorar las relaciones entre Iglesia y Estado sin lograr nada a cambio. Las reformas militares eran necesarias para que el Ejército se integrara como parte de la sociedad y no fuera una casta aparte, pero necesitaban tiempo para cuajar y a corto plazo aumentaron la impopularidad del gobierno en los cuarteles. La reforma agraria era fundamental, pero chocaba con intereses poderosos en un momento de crisis ecónomica y a menudo las medidas destinadas a mejorar la situación de los jornaleros no sólo perjudicaban a los latifundistas sino también a labradores propietarios de pequeñas fincas que difícilmente podían sufragar el aumento de los jornales. En conjunto eran demasiadas cuestiones para abordarlas al mismo tiempo y al abrir tantos frentes simultáneamente la República empezaba a grangearse enemigos muy peligrosos.

Mientras tanto la conflictividad social no cedía, alimentada por quienes consideraban que la destrucción del sistema era el paso previo a la construcción de una nueva sociedad, tendencia que se vio abanderada por la CNT, que protagonizó varias insurrecciones que generaron una espiral de violencia que contribuiría a la caída del Gobierno. La consecuencia fue la convocatoria de nuevas elecciones en 1933, en las que se produjeron dos hechos fundamentales: por un lado el éxito de fuerzas no comprometidas con la República y por otro la negativa de la izquierda a acatar plenamente los resultados electorales.

En apenas dos años de régimen republicano las posturas se habían radicalizado hasta el extremo de que el propio ministro de Trabajo, Largo Caballero, decía que «es imposible realizar una tarea socialista en el seno de una democracia burguesa». Los mismos que habían hecho posible la República empezaban a soñar con su destrucción. El fin no llegaría hasta 1936, pero si a los enemigos externos se une la falta de compromiso de quienes debían apuntalar el sistema podemos llegar a la conclusión de que el fin de la República tiene causas muy profundas que nacen de una transición fallida. Una más.