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La expedición maldita de Lope de Aguirre

31 jueves May 2018

Posted by ibadomar in Historia

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Amazonas, Edad Moderna, Felipe II, Historia, Lope de Aguirre, Marañones, Virreinato del Perú

La conquista del Perú culminó con una sangrienta guerra civil entre los propios conquistadores, pero en 1560 la situación ya se había estabilizado bajo el gobierno del virrey don Andrés Hurtado de Mendoza. No obstante, aún quedaban abundantes veteranos del turbulento periodo anterior, que suponían un peligro potencial. El virrey, hombre sagaz, decidió que podría librarse de aquel problema desviando las energías de aquellos hombres hacia una empresa que los alejara convenientemente de su territorio. Por eso organizó una expedición en busca del mítico reino de El Dorado y la puso al mando de un hombre de su confianza, Pedro de Ursúa.

La expedición la formarían más de 300 soldados españoles y unos 500 sirvientes entre indios y esclavos negros. En ella figuraban además algunas mujeres por ser parientes de los expedicionarios o criadas. Entre ellas estaban la amante de Pedro de Ursúa, doña Inés de Atienza, famosa por su belleza, y la joven Elvira, hija del expedicionario Lope de Aguirre, alias “el Loco”. Tras casi un año y medio de preparativos, el 26 de septiembre de 1560 se inició el viaje con un descenso por el río Marañón, afluente del Amazonas y del que los expedicionarios tomarían el nombre para ser conocidos como “marañones”.

Atravesar la selva no era tarea fácil y las penalidades comenzaron a acumularse: cuando no era el hambre eran los naufragios, y el carácter levantisco de los marañones empezó a asomar. Se ponía en cuestión el liderazgo de Ursúa, que apenas tenía ojos para nada que no fuera doña Inés. Pronto surgió una conspiración y en la madrugada del 1 de enero de 1561 los conjurados asesinaron a Ursúa y de paso a su lugarteniente, para minimizar las posibilidades de resistencia por parte del resto de los marañones.

Pero una vez muerto Ursúa, ¿qué hacer? El asesinato de su capitán convertía a los expedicionarios en traidores, por lo que el regreso estaba vedado. La primera idea fue continuar en busca de El Dorado. Si conseguían conquistar un imperio tan rico como el azteca o el inca, sin duda obtendrían un perdón. Al fin y al cabo, también Hernán Cortés había desobedecido al gobernador Velázquez y agarrándose a tal precedente se pensó en redactar un documento justificando la destitución y ejecución de Ursúa por su incompetencia, que los llevaba al desastre.

Entonces tomó la palabra Lope de Aguirre, que estaba entre los cabecillas y les abrió los ojos. ¿De verdad pensaban que bastaba con firmar un papel para quedar libres de culpa? ¿De verdad creían que iban a conquistar un imperio del que ni siquiera sabían dónde estaba, si es que existía? Debían asumir que eran traidores, pero sí sabían de un imperio rico que conquistar: el propio Perú, donde tenían amigos que los ayudarían. El discurso tuvo impacto, pero eran muchos los que no se tenían por traidores sino por leales súbditos de Felipe II y por ellos habló un tal Juan Antonio de La Bandera, que a pesar de estar entre los conjurados no simpatizaba con el proyecto de Aguirre. La sangre no llegó al río, por el momento, y la expedición siguió adelante, ahora bajo el mando nominal de don Fernando de Guzmán, un joven sevillano que tenía cierta autoridad por ser de origen noble, pero que en realidad no era más que un pelele en manos de hombres mucho más decididos.

Las intrigas se hicieron más complejas. La Bandera había conseguido ganarse a Fernando de Guzmán, pero su liderazgo no estaría seguro mientras Aguirre siguiera con vida. Aguirre, consciente de esto, siempre se hacía acompañar por una camarilla de amigos fieles mientras esperaba su oportunidad. Ésta llegaría por los celos de un tal Lorenzo de Zalduendo, que no le perdonaba a La Bandera que se hubiera convertido en el nuevo amante de doña Inés. Zalduendo comenzó a murmurar sobre el supuesto interés de la Bandera por asesinar a don Fernando y convertirse en general de la expedición. Don Fernando, alarmado por los rumores, dio poderes a Aguirre para acabar con la pretendida conspiración y éste lo hizo por la tremenda: asesinó a La Bandera y a su lugarteniente y luego soltó una arenga a la tropa acusando a sus víctimas de pretender matar a don Fernando, apoderarse de los bergantines que habían construido, irse a la costa como piratas y escapar a Francia con el botín que consiguieran.

Dueño del poder (don Fernando era ahora más que nunca una marioneta), Aguirre decidió volver a su plan de hacerse con el Perú. Eran pocos, pero pensaba que podía contar con el apoyo de los descontentos del virreinato. Para impulsar su proyecto redactó un acta de desnaturalización (en otras palabras, una declaración de independencia) que firmaron casi todos. Desde aquel día, 26 de marzo de 1561, don Fernando se consideraría a sí mismo “Príncipe de Tierra Firme, del Perú y del reino de Chile”. Zalduendo, por su parte, se quedó con doña Inés de Atienza, que debía de estar maldiciendo la expedición y la hora en que se embarcó.

Aguirre no estaba tan loco como para pensar que podía regresar sobre sus pasos y tomar el Perú con menos de 300 soldados, por mucho que contara con que se les uniría parte de la población. Sabía perfectamente que jamás triunfaría sin contar con apoyo naval para bloquear las comunicaciones del virreinato. Por eso su plan era continuar camino hasta el Atlántico, hacerse con algunas embarcaciones con las que ejercer la piratería y llegar hasta Panamá, asaltar la ciudad con sus hombres más los que lograra reclutar durante la marcha y emprender la navegación por el Pacífico. Las riquezas del Perú serían el señuelo perfecto para aumentar su ejército por el camino y en el propio virreinato.

Pero Aguirre se estaba haciendo enemigos con su costumbre de aplicar la pena de muerte en cuanto sospechaba que alguien conspiraba contra él. Un día hizo ejecutar a Zalduendo, por quejarse de que no se podían sufrir las arbitrariedades de su jefe y de paso le tocó el turno a doña Inés, que pagó por las culpas reales o imaginarias de sus tres amantes. Tanta sangre empezaba a poner nervioso a don Fernando de Guzmán, que se daba cuenta de que su reinado, por lo demás sólo nominal, no podía acabar bien e intentó buscar la manera de frenar a Aguirre con el apoyo de otros. Como era de esperar, don Fernando no tardó en ser asesinado junto con algunos otros hombres. 

Lope de Aguirre ya era el comandante de la expedición de facto, pero para serlo de forma oficial se nombró a sí mismo Príncipe y se atribuyó algunos títulos de lo más altisonante como Ira de Dios o Caudillo de los invencibles marañones, cuyo número por cierto iba menguando conforme Aguirre, cada vez más paranoico, iba ordenando ejecuciones.

Por fin, tras ganar el mar, el 20 de julio la expedición llegó a Isla Margarita, frente a las costas de Venezuela. Haciendo creer a los vecinos que eran supervivientes de un naufragio, lograron vencer su desconfianza y adueñarse del lugar, donde Aguirre instauró un reinado de terror. Tuvo la esperanza de hacerse con un navío que andaba por la zona para embarcar a Panamá y seguir sus planes de conquista, pero los encargados de capturar el buque desertaron y alertaron a su tripulación. La traición la pagaron sus propios hombres y los habitantes de Margarita, a los que tocó sufrir la ira del líder de los marañones. Aguirre ya no podría marchar por sorpresa sobre Panamá.

Ante la imposibilidad de seguir con el plan de regresar al Perú por el Pacífico, no quedó más remedio que afrontar la idea de hacerlo por tierra. Pero la empresa ya estaba condenada definitivamente. El gobernador de Venezuela, Pablo Collado se encargó de poner cédulas de perdón por donde debían pasar los marañones, con lo que aumentaron las deserciones, pese al riesgo de ser descuartizado (literalmente) en caso de fracaso. Por fin, el 27 de octubre, en una escaramuza con tropas realistas, los marañones desertaron en masa. Sólo quedó un soldado junto a Lope de Aguirre, además de su hija Elvira y la dueña que la acompañaba.

Al ver la expresión de su padre, Elvira de Aguirre comprendió lo que estaba a punto de suceder. Rogó por su vida, jurando hacerse monja para rogar por el alma de su progenitor, pero éste no estaba dispuesto a que a su hija la insultaran llamándola “hija del traidor Lope de Aguirre” ni a que “aquélla a quien tanto quería se convirtiese en colchón de bellacos”. Elvira murió apuñalada.

Es extraño que un hombre como Aguirre intentara retrasar su final, cuando su captura era inevitable, pidiendo confesión primero y después que se le permitiera hacer un relato exacto de lo ocurrido. Dos de sus antiguos camaradas, posiblemente temerosos de lo que pudiera aflorar en tal relación, se encargaron de poner fin a la vida de Aguirre con sendos tiros de arcabuz.

Los marañones se dispersaron aprovechando el perdón otorgado por Collado, pero a Felipe II le disgustó este final, de modo que Collado fue destituido y su sucesor se encargó de buscar a los supervivientes. Muchos encontraron la muerte, apenas tres meses después del fin de la expedición, formando parte de una tropa reclutada para  aplastar una rebelión india. Del resto, algunos fueron juzgados y ejecutados, pero otros consiguieron ser absueltos e incluso dos de ellos escribieron sus aventuras. El primero en hacerlo fue Francisco Vázquez, pero consiguió mayor fama Pedrarias de Almesto, que plagió vergonzosamente el relato de Vázquez. Por ellos conocemos los detalles de aquella expedición. O al menos los detalles que quisieron contar.

Parece ser que en determinadas zonas de Venezuela existe la leyenda de que los fuegos fatuos no son sino el espíritu de Aguirre y sus hombres. Toda una muestra de hasta qué punto caló en la imaginación popular el destino de aquella descabellada expedición. Por desgracia, no puedo confirmar este dato, pero quizás algún lector venezolano haya escuchado la leyenda y pueda confirmar su existencia.

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Inquisición: policía federal.

08 domingo Abr 2012

Posted by ibadomar in Historia

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Antonio Pérez, Bayona, Carlos V, Cátaros, Constitucion, Edad Media, Edad Moderna, Felipe II, Fernando VII, Historia, Inquisición, María Cristina, Napoleón, Reyes Católicos, Sixto IV

Dedicado a @Palomamer, que no ha parado de insistir hasta salirse con la suya. 😉

Hasta los que no son aficionados a la Historia han oído hablar, y mucho, de la Inquisición. Si se atiende a la imagen popular parece como si fuera un invento genuinamente español y en cierto modo, pero sólo en parte, es así porque en España la Inquisición tuvo características propias que la convirtieron en algo más que un tribunal eclesiástico. Era todo un gran instrumento de poder al servicio de… ¿la Iglesia? Pues no, ¡sorpresa! al servicio de la Corona.

La Inquisición original, conocida como Inquisición papal no fue una creación española. Era un tribunal creado por el papado para detectar, juzgar y castigar la herejía y existía desde el siglo XIII, cuando se puso en marcha para reprimir a los cátaros. Funcionó en Francia, norte de Italia, en Alemania, en Flandes y débilmente en Aragón, pero no llegó a penetrar en Castilla. En el siglo XV era una institución obsoleta, aunque reviviría más tarde, en 1542, con motivo de la reforma protestante. ¿Por qué entonces apareció con tanta fuerza la Inquisición española a finales del siglo XV en unos territorios en los que jamás se había establecido o lo había hecho con poca fuerza?

Las razones están en la política unificadora de los Reyes Católicos. Por un lado la lógica de la época apuntaba hacia la necesidad de la unidad religiosa de los territorios gobernados por un mismo príncipe; por otro hay que considerar el antisemitismo social del momento, que fustigaba no sólo a los judíos sino también a los conversos por ser sospechosos de seguir practicando el judaísmo en secreto; por último no hay que desdeñar la oportunidad que se presentaba de mejorar las finanzas de la Corona en un momento de crisis mediante la confiscación de los bienes de los condenados. En este ambiente los monarcas escucharon las denuncias del prior dominico Alonso de Hojeda y lograron establecer la Inquisición, pero no la Inquisición papal, sino que en 1478 consiguieron algo insospechado: nada menos que una bula de Sixto IV autorizándoles a que fueran ellos quienes nombraran inquisidores. ¡La Inquisición bajo control de los reyes y no del Papa! Isabel y Fernando no perdieron la ocasión, aunque pronto sus inquisidores se mostraron tan entusiastas de su labor que el mismo Sixto IV condenó su brutal actuación y quiso que aquel tribunal pasara a dominio de la Iglesia. Demasiado tarde. Los Reyes Católicos se habían hecho con el poder y no estaban dispuestos a devolverlo.

Para asegurar el control real sobre la Inquisición se creó el cargo, hasta entonces inexistente, de Inquisidor General, nombrado por los reyes, y que presidía el Consejo de la Suprema y General Inquisición que era el organismo, equivalente a un ministerio, que nombraba y destituía a los inquisidores, se encargaba de las apelaciones, administraba las finanzas inquisitoriales y se encargaba de los procedimientos de las confiscaciones, que iban a parar al tesoro real. El objetivo del tribunal eran los herejes, es decir los católicos que se apartaban de la ortodoxia, por lo que un judío, un musulmán o un indio no tenían nada que temer de la Inquisición, pero aquéllos que se convertían eran fácilmente sospechosos de seguir con su antigua religión en secreto. Dado que la política de los años posteriores obligó a los no católicos a elegir entre la conversión forzosa o la expulsión, era sencillo encontrar presuntos herejes.

Cada localidad era visitada anualmente por un inquisidor que publicaba un edicto para obligar a todo cristiano a denunciar a herejes. Si las denuncias eran aceptadas se iniciaba un procedimiento basado en la presunción de culpabilidad. Al acusado no se le informaba de la identidad de sus acusadores ni de los testigos, aunque podía hacer una lista de sus enemigos y el tribunal rechazaba automáticamente a cualquier acusador que estuviera en ella. En conjunto el procedimiento apenas tenía garantías para el acusado. El uso de la tortura no era frecuente, pero tampoco excepcional. Las penas variaban desde una multa hasta los azotes, las galeras o la muerte en casos muy graves o de reincidencia. Las sentencias eran inapelables incluso ante el Papa. De hecho, en los más de trescientos años de existencia de la Inquisición en España el Papa sólo logró intervenir en tres casos.

Hacia 1520 la Inquisición había perdido fuerza: la ortodoxia no estaba en peligro en España y por tanto no se justificaba su existencia, mientras que sus métodos eran muy criticados. El nuevo rey, Carlos I, parecía opuesto al sistema de acusación secreta, pero entonces los críticos con la institución cometieron el error de recurrir a Roma para reforzar su postura. Como sus abuelos, el joven rey no vio con agrado la injerencia papal y la Inquisición sobrevivió, precisamente a causa de su independencia del Papa. La dependencia directa de la Corona era algo irresistible, sobre todo en una institución con competencia en todos los reinos. Y es que para aquellos monarcas la situación a menudo no era fácil puesto que no eran en realidad reyes de España, sino de un conjunto de reinos con sus propias leyes y fueros, y en ellos la Inquisición era lo más parecido a una policía federal con su propio tribunal. Veamos por ejemplo el encabezamiento de una carta de Felipe II:

Don Phelippe, por la graçia de Dios, rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Siçilias, de Jherusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valençia, de Galiçia, de Mallorcas, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdova, de Córcega, de Murçia, de Jaen, de los Algarves, de Algezira, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias islas y tierra firme del mar oçéano, conde de Barçelona, señor de Vizcaya y de Molina, duque de Atenas y Neopatria, conde de Rusellon y de Çerdania, marqués de Oristan y de Goziano, archiduque de Austria, duque de Borgoña y Bravante y Milan, conde de Flandes y de Tirol, etc.

Un montón de títulos, como se ve, para multitud de territorios diferentes que formaban un conglomerado difícil de gobernar, pero en el que la Inquisición era omnipresente. En caso de necesidad siempre se podía recurrir a ella para resolver asuntos delicados.

Un buen ejemplo es lo que hizo Felipe II cuando Antonio Pérez le puso las cosas difíciles. Pérez había sido secretario personal de Felipe II, pero su actuación era un tanto… independiente, por decirlo de alguna forma. Cuando sus manejos fueron demasiado evidentes fue encarcelado, pero logró escapar y refugiarse en Aragón, donde estaba a salvo, protegido por sus fueros. Y entonces, muy oportunamente, Pérez se encontró con una acusación de herejía que lo hizo pasar a una prisión de la Inquisición. Eventualmente logró escapar, pero su caso nos demuestra para qué podía utilizarse aquel tribunal en caso de necesidad.

Otro curioso ejemplo es el de la exportación de caballos, que Felipe II puso también bajo control de la Inquisición y no de los oficiales de aduanas. Los mejores caballos, los andaluces, no eran suficientes para cubrir la demanda civil y militar y el rey confió la exportación de un bien tan preciado a su organización más eficaz. La justificación fue que había que impedir la venta de caballos a hugonotes y luteranos. ¿Traído por los pelos? Puede, pero nos demuestra que la función de la organización iba mucho más allá de la que en principio se le supone.

La Inquisición se convirtió en un puro anacronismo con la llegada de la Ilustración. Su abolición sin embargo no fue fácil. La primera supresión llegó con los decretos de Chamartín, firmados por Napoleón en 1808, aunque la Constitución de Bayona no era clara al respecto y el gobierno de los Bonaparte fue demasiado discutido y turbulento como para tener clara la validez de sus actos. Los diputados de Cádiz también consideraron en 1813 que la Inquisición era incompatible con la Constitución, que no la abolía explícitamente. Con la vuelta de Fernando VII se restableció la organización, pero fue de nuevo suprimida durante el Trienio Liberal, al restablecerse la Constitución de Cádiz. Tras este paréntesis Fernando VII no volvió a restaurar la Inquisición, aunque siguieron existiendo unas Juntas de Fe que no eran sino el mismo tipo de tribunal con otro nombre. La abolición definitiva no llegó hasta un decreto de María Cristina de julio de 1834. La Inquisición desapareció entonces, aunque el espíritu inquisitorial a menudo parece seguir vivo y gozando de buena salud.

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